El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Ribeira admitió a trámite la querella presentada el 5 de abril por Suma Ribeira contra el alcalde, Manuel Ruiz, y el arquitecto técnico Manuel Sabín por unos hechos que considera constitutivos de un delito de prevaricación administrativa en la contratación de ese profesional externo al Concello. El portavoz de SR, Xurxo Ferrón, dijo que el secretario general y el interventor municipales hicieron advertencias, reparos y condicionantes en relación a la firma de ese contrato menor de servicios, como no exceder 15.000 euros de gasto ni el plazo de un año, sin opción a prórroga, pero SR señala que esa situación se prolonga desde noviembre de 2020 a la actualidad, con abonos mensuales de 1.500 euros cada uno. 

Suma Ribeira, que ya advirtió de esa situación en algún pleno de la corporación municipal indica que el secretario señaló que las funciones de ese arquitecto técnico externo están reservadas a personal funcionario, por lo que no podrán prestarlas personal laboral ni otro que sea contratado para servicios, y que de carecer de personal suficiente se puede firmar un convenio con la Diputación o el servicio de asistencia municipal. De las observaciones del interventor destacó la inexistencia de crédito y, tal y como ya indicó el secretario municipal, alerta de que la contratación es para cubrir la baja del arquitecto municipal por IT, pero que no se puede acudir a un contrato administrativo de servicios para el desempeño de funciones que deben ser asumidas por funcionarios públicos.

El referido juzgado ribeirense también acordó incoar diligencias previas -interesadas por Suma Ribeira- por procedimiento abreviado para que el Ayuntamiento remita ordenadamente copia autenticada del expediente completo del contrato menor de servicios técnicos de apoyo al departamento de Secretaría y Urba nismo adjudicado a Manuel Sabín, la copia de todas las facturas expedidas por ese arquitecto técnico desde el 15 de octubre de 2020 hasta la actualidad, la copia de todos los decretos de la Alcaldía en los que se tenga autorizado el pago de facturas presentadas por Sabín con o sin reparo del interventor municipal desde la misma fecha y hasta ahora, y todos los informes del interventor municipal donde ponga reparos o informe favorablemente el pago o la propuesta de pago de las facturas presentadas a cobro por Sabín en el mismo periodo.

Igualmente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Ribeira solicita a la Administración local pide certificado del secretario municipal con expresión del horario semanal y modalidad (presencial o a distanci) en la que ese arquitecto técnico realiza el referido contrato menor e informe del secretario del Concello en el que se relacionen los informes que pueda tener elaborado Manuel Sabín y que así consten en las bases de ese departamento para el que presta apoyo por la ejecución del contrato menor. En relación a las declaraciones en calidad de investigados de los dos querellados y de las testificales, la autoridad judicial indica que se resolverá una vez reciba la documentación requerida y sea examinada.

Por su parte, Manuel Ruiz, que manifestó que ahora ellos tienen que justificar  la tramitación, algo que anunció que harán, señaló que ese contrato menor es de asistencia técnica y les permite cubrir una carencia que tenían por la falta de personal técnico, que les ocasionaba lentitud en la tramitación de licencias, pero que con Manuel Sabín, que llegó a estar sólo, "sacáronse adiante", subrayó el alcalde ribeirense. “Entendimos que era a persoa con máis experiencia en Administración local na comarca”, dijo el mandatario local, quien agregó que lo van a mantener hasta que, una vez que ya se realizaron los exámenes, tome posesión el nuevo aparejador, con lo que a partir de entonces se cubrirá totalmente el servicio, y podrán prescindir del referido arquitecto técnico externo. Ruiz Rivas precisó que la prevaricación que se le quiere atribuir es tomar una resolución a sabiendas de que es injusta "e iso non o fixemos en ningún momento. O que fixemos foi solventar un problema cando non había ningún técnico e o fixemos na modalidade das comunicacións previas, xa que se non lle contestamos ao solicitante queda aprobado en 15 días por silencio administrativo", recalcó el primer edil.