El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santiago de Compostela declaró que la licencia de legalización de la gasolinera ubicada en Xarás y que otorgó el Concello de Ribeira el 4 de marzo de 2021 es nula de pleno derecho, así como la licencia de primera utilización concedida el 8 de julio del año pasado. Así lo hizo público el PBBI, que señala que el tribunal reprende a la Administración local “por intentar forzar injustificadamente el incumplimiento de la sentencia original” dictada hace 5 años, y que declaró la nulidad de la licencia por entender que incumplía la normativa en vigor sobre protección de montes. La formación liderada por Vicente Mariño recuerda que entonces se le impuso al Concello el pago de las costas.

El PBBI añade que, no conforme con esa decisión, el Ayuntamiento recurrió en apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que la desestimó en julio de 2018, e incluso en casación, que también fue rechazada por el mismo órgano judicial, y también se le impusieron las costas. Ese partido señala que, a pesar de las “graves deficiencias que los tribunales estaban indicando en relación con la ubicación de las instalaciones y las irregularidades técnicas que se ponían de relieve por los recurrentes en aquellos procedimientos”, el Gobierno local tramitó y resolvió “a toda máquina” y en tiempo record un expediente de legalización “de todo lo actuado”, y advierte que lo hizo bajo el pretexto de haberse realizado una parcelación urbanística en suelo rústico, argumentando que la finca donde se sitúa la gasolinera “no habría sufrido, supuestamente, las consecuencias de un previo incendio forestal”.

Mariño señala que al formular su partido preguntas y solicitar información de ese asunto, lo único que recibieron fue reproches personales y “veladas amenazas de que tendríamos que pedir disculpas al final de todo”. Sobre ellas, indicó que son frases típicas del alcalde y el equipo de gobierno “para intentar menospreciar a la oposición y, en especial, al PBBI”. Por ello, el principal partido de la oposición espera ahora las disculpas del alcalde, ya que “las instalaciones y la actividad de la unidad de suministro de combustible se hallan en una situación de contrariedad frontal con el ordenamiento jurídico”.

“Ahora gravita sobre el Ayuntamiento la potencial responsabilidad patrimonial a cargo de la licenciataria si, finalmente, el último cartucho a la desesperada de la apelación no suspensiva que resta no es admitida”, sostiene el PBBI. Mariño indica que la licenciataria valoró las instalaciones e inversiones en 1.028.876 euros, cantidad que podría ser la indemnización que percibiría “por la mala gestión del equipo de gobierno municipal”. Por todo ello, pide la reprobación del alcalde y su equipo, y exigirle cumplir las decisiones judiciales y no usar subterfugios para eludirlas.