Después de tres señalamientos frustrados para la celebración de un juicio, todos ellos por causas justificadas pero ajenas al tribunal y sin oposición de las partes, un barbanzano deberá sentarse mañana. lunes 8 de julio, a partir de las 9.45 horas, en el banquillo de los acusados de la sección primera de la Audiencia Provincial para responder en un juicio, que de celebrarse será a puerta cerrada, sobre su implicación en la presunta comisión de cuatro delitos relacionados con violencia de género contra la que era su pareja en el domicilio de Boiro que compartían y en presencia de sus hijos menores.

La Fiscalía le pide un total de 12 años y 5 meses de cárcel. Además, demanda para el procesado penas accesorias de prohibición de aproximarse a su excompañera sentimental a una distancia inferior a 200 metros, de acudir a su domicilio u otro lugar frecuentado y de comunicarse con ella de cualquier manera durante un total de 22 años. Y pide que la indemnice con 7.000 euros por los perjuicios ocasionados.

El Ministerio Público le solicita 2 años y medio de cárcel por maltrato habitual físico y psíquico, junto a la privación del derecho de tenencia y porte de armas durante 4 años, con la pérdida de vigencia del permiso o licencia; 6 años de prisión por tentativa de agresión sexual; 2 años y medio de privación de libertad por coacciones graves, y 11 meses de cárcel por lesiones y privación de tenencia y porte de armas 2,5 años.

La Fiscalía relata que el procesado y la denunciante iniciaron una relación sentimental en 1993 y que 12 años después empezaron una convivencia, fruto de la cual nacieron sus dos hijos, que al denunciarse los hechos tenían 10 y 8 años. Precisa que la relación entre ambos se tornó difícil desde su inicio, siendo frecuentes insultos y menosprecios del acusado a su pareja, y que “era habitual que ejerciera control sobre sus relaciones personales y familiares”, llegando a impedirlas y provocar el aislamiento social de ella.

Control sobre el teléfono móvil

De igual modo, sostiene que le limitaba el acceso a la economía familiar, no disponiendo de cuenta propia ni tarjeta de crédito, teniendo que pedirle en todo momento dinero a él para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus hijos. “También ejercía control sobre su teléfono móvil y mensajes de WhatsApp, llegando el acusado a revisarlo a diario y dar de baja la línea de teléfono de su pareja y que se quedara incomunicada”, sostiene la Fiscalía. Añade que él infringía habitualmente en ella “terror y miedo”, llegando a tirar su ropa por la casa, profería expresiones para que se fuera de casa, llegando a echarla de ella, teniendo que permanecer en el rellano al no tener a donde ir.

El Ministerio Público señala que los múltiples actos de violencia durante la convivencia se agudizaron a partir de 2018, cundo se puso fin a la relación. En este sentido, refiere un suceso ocurrido el 3 de noviembre de ese año cuando los cuatro miembros de la unidad familiar iban en el coche que conducía ella y la pareja discutió y él le dijo que lo parase y se bajase del mismo, pues ella no volvía a casa. Agregó que acto seguido, él cogió el volante y lo giró bruscamente, provocando que el automóvil se saliera de la vía, teniendo ella que frenar bruscamente para evitar la colisión con otros vehículos aparcados. Los hijos empezaron a llorar y ella se apeó del coche que pilotaba y se fue andando a su domicilio.

Y relata que tres días después él la metió en el baño con deseos libidinosos y ante su negativa y los lloros de los hijos la arrojó al suelo, causándole lesiones en un brazo. Al día siguiente, ella interpuso la denuncia y a él se le detuvo, decretando el Juzgado Número 3 de Ribeira una orden de alejamiento en un primer momento, y dos meses y medio después su ingreso en prisión preventiva, que estuvo vigente hasta el 15 de mayo del año 2019.