Las tasas de alcantarillado y la distribución del agua subirán en Cambados conforme al IPC de agosto situado en el 10,5 %, lo que supondrá unos cuatro euros más en el recibo de cada periodo, aproximadamente y en el caso de las viviendas. El incremento es importante con respecto a la actualización de otros años y se aprobó en el Pleno del jueves con el único voto a favor del bipartito, que se mostró contrario pero adujo tener las manos atadas por ser una obligación contractual con las concesionarias.
La oposición se abstuvo y pidió en bloque un “esforzo negociador” con las empresas, como aseguró están haciendo otros concellos, pues “a xente está asfixiada”, apuntó el portavoz del PP, Luis Aragunde, ante el incremento del coste de la vida en general. El concejal de Cambados Pode, José Ramón Abal Varela, introdujo una enmienda de urgencia para “intentar gañar tempo para negociar” y que consistía en que el Concello asumiera la diferencia del IPC de este año con el de los últimos cinco, con lo cual la subida quedaría en un 8,68 %. Sin embargo, fue rechazada con dudas sobre su legalidad porque “non conta con informes económicos”, expuso el alcalde, el socialista Samuel Lago, y el secretario municipal confirmó que, según el pliego del contrato, el IPC debe ser asumido por el ciudadano.
Por su parte, el portavoz del BNG, Liso González, planteó que el Concello compensara el incremento con una bajada de las tasas administrativas y lamentó que estas situaciones tengan que ver con contratos “tan longos, por 50 anos, cos que nunca estivemos de acordo”.
A todo esto el concejal de Economía, de Somos, Xurxo Charlín, defendió que los heredaron de gobiernos anteriores y “non nos queda máis remedio, xa me gustaría estar hoxe na oposición para criticalos porque non están ben, pero se non o facemos, as empresas lévannos ao xulgado e perdemos. Non temos bazas para negociar”. También apuntó que llevan desde 2015 reduciendo y congelando impuestos y que el coste de los nuevos bombeos no se va a repercutir en el vecino.
El Pleno también aprobó los festivos de 11 y el 18 de julio, aunque con la abstención del grupo de gobierno de Somos, que sigue apostando por el lunes de Entroido; y por unanimidad, una moción para apoyar la ILP de SOS Sanidade; delegar en la Diputación la comprobación del cobro del ICIO a las empresas; la creación de ayudas al comedor, como exigía el BNG para aprobar el Orzamento al bipartito en minoría; y una moción del PP contra el veto de Europa a la pesca.