En abril de 2021, el Concello recibió una muy mala noticia sobre el futuro del campo de fútbol de Castrelo. Costas planteaba su derribo al encontrarse dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre y en una situación de dudosa legalidad. No puso fecha, pero sí momento: cuando las instalaciones agoten su vida útil y esto llegará más pronto que tarde con sus 40 años de existencia y la imposibilidad de realizar una reforma integral.
El caso es que la maquinaria municipal empezó a trabajar en posibles soluciones y anunciaba una petición de la desafectación de los terrenos para que pasasen a ser de titularidad municipal, mientras que buscaba terrenos para hacer uno nuevo, por si acaso. Una solicitud anunciada en varias ocasiones desde aquel aciago día –para la parroquia–, pero que aún va a ir al Pleno de esta semana.
El alcalde, Samuel Lago, asegura que se hizo, pero fue desde Alcaldía y el organismo estatal les ha mandado un requerimiento indicando que ha de partir del Pleno de la Corporación. Así las cosas, el cuatripartito lo presentará al resto de grupos este jueves y la reclamación incluye otros terrenos anunciados como los de las instalaciones deportivas de O Pombal y el campo de las fiesta y el parque que están frente al colegio de Corvillón.
El orden del día incluye otros asuntos como la moción del gobierno sobre el asilo que retiró en el de septiembre tras las quejas del PP. La habían presentado por la vía de urgencia, pero la portavoz Sabela Fole reclamó un acuerdo no escrito mediante el cual, aún siendo así, se envían antes a la oposición para su estudio.
En síntesis, Lago y sus socios querían que la Xunta y la Diputación comprasen el Pazo de Montesacro para convertirlo en una residencia pública. Sin embargo, han pasado dos meses y, aunque todavía no hay contestación a la carta que envió al presidente ni a su petición de reunión con Política Social, no tienen muchas esperanzas. “Non vexo moito interese, tanto polas cousas que din como polas que non din”, reconoce el regidor. Además, lo cierto es que la conselleira Fabiola García fue bastante clara en el Parlamento señalando que no están dispuestos y reprochando a Cambados no haber pedido unas ayudas para hacer residencias que solo convocaron el año pasado y un año antes de conocerse la venta de las Hermanitas de los Ancianos.
Solo queda un mes para que expire el plazo de tres meses antes de que la orden cierre de manera definitiva la residencia de la Valvanera, por eso, Lago tampoco duda en insistir en el plan B municipal: “Se non queren comprar un pazo, como dixo a conselleira, vale, pero que constrúan unha nova porque precisamos unha residencia. É fundamental”, clamó.
Cabe recordar que el Arzobispado de Valencia pide casi cuatro millones de euros por el edificio y que el Concello alega no tener dinero para comprarlo.