La patrulla fiscal y de fronteras (Pafif) de la Guardia Civil de Pontevedra intervino 1.573 litros de aceite de oliva procedentes de Portugal por supuestas irregularidades en su etiquetado al carecer de registro sanitario, así como de certificado de trazabilidad.

A raíz de una información del Puesto de Cambados sobre un posible fraude en la comercialización de aceite de oliva, el instituto armado inició una investigación sobre una empresa de Ribadumia dedicada a la distribución de alimentos.

El 12 de marzo procedieron a realizar una inspección en el almacén de esta mercantil, donde los agentes intervinieron 1.200 litros de aceite. El responsable de la empresa habría manifestado a la Guardia Civil que el producto procedía de otra de Portugal que lo envasa con las etiquetas que le habían facilitado, aunque, siempre según el Cuerpo, detalló que desconocía la ubicación exacta de la misma. 

Los agentes comprobaron en el etiquetado varias irregularidades, tales como que no consta denominación de origen o país de procedencia, campaña de recolección, número de registro sanitario, ni datos de contacto de la empresa responsable del envasado.“En definitiva, el etiquetado induce a error, haciendo suponer a los consumidores que se trata de aceite de oliva portugués, cuando no se acredita”, valora el instituto armado.
 

La patrulla de la Pafif procedió el día 14 a la inspección de la empresa distribuidora en otro almacén de Poio, donde intervinieron otros 300 litros, por las mismas supuestas irregularidades. Posteriormente, inspeccionaron tres supermercados de Poio, donde decomisaron 73 botellas más.

Por todo ello, tramitaron distintas denuncias por presuntas infracciones a la calidad alimentaria, irregularidades en el etiquetado que se envían a las consellerías en materias de Sanidad y Consumo, para que procedan a analizar este aceite, que al no tener tampoco un certificado de trazabilidad, ya que se desconoce de dónde viene, puedan decidir si se procede a su destrucción. También a la Consellería do Medio Rural. 

A mayores, cursaron una denuncia, por no haber declarado el IVA en una importación intracomunitaria a Aduanas e Impuestos Especiales. Las sanciones, estima la Guardia Civil, podrían superar los 20.000 euros.