Un juzgado de lo contencioso ha condenado al Concello de Cambados a abonar algo más de 40.000 euros a la empresa ejecutora de la reforma realizada en 2018 a las pistas de tenis de O Pombal. El asunto llegó a los tribunales porque el actual gobierno local no quiso hacerse cargo de la factura que presentó, al no encontrar ningún tipo documento probatorio de la contratación de esos trabajos por parte del Ayuntamiento.

La cuestión parece insólita y el bipartito señala directamente al exconcejal de Obras, José Ramón Abal, de Pode, pues los trabajos se realizaron bajo su mandato. Es evidente que se realizaron y nadie sospecha que susodicha empresa tuviera la ocurrencia de ejecutarlos de manera unilateral, pero cuando en 2019 presentó la factura, de algo más de 30.000 euros, ninguno de los actuales dirigentes quisieron darle conformidad porque “non hai nada, nin expediente asociado, nin contrato, nin proceso de licitación, nada que demostre que os encargou o Concello. Houbo un procedemento irregular e non podiamos asumir esa responsabilidade”, explicó ayer el alcalde, Samuel Lago.

La única explicación que encuentra el actual Ejecutivo es que fuese un encargo verbal y así se lo reprochó a Abal Varela en el pleno del miércoles; también que no esperase a la convocatoria de un Plan Concellos con el que se pretendía subvencionar la reforma. De hecho, ha recurrido la decisión judicial en desacuerdo con los intereses de demora, que ascienden a unos 7.000 euros, pues cree que, a ojos de la ley, solo habría legitimación para cobrárselos si se hubiera demostrado que el Ayuntamiento encargó la obra y “non hai probas, o xuíz non entrou nese punto e debería averiguarse quen a encargou”, abundó el regidor. Es por ello que en la sesión también le advirtió al edil de Pode de la posibilidad de que sea llamado como testigo.

Reproches a las cuentas

Reproches que fueron resultado de un intenso debate en el punto de aprobación de la Conta Xeral de 2021. El concejal de Economía, Xurxo Charlín, presumió de cerrar las cuentas con 1,6 millones de euros, un superávit de 922.000 euros y un remanente de tesorería de 374.000 euros a pesar de “un ano moi difícil pola pandemia”. Sin embargo, los partidos de la oposición no pudieron apartar los ojos del informe de Intervención que, aunque da conformidad de que se ajusta a la legislación, como destacó el alcalde, también señala 54 reparos, la falta de trámites y documentos “esenciais” en expedientes de subvenciones, licitaciones que “non siguen as normas de contratación”, así como la “reiterada” inclusión de actividades como gastos propios de algunas concejalías. De hecho, un reproche común de PP, BNG y Pode es que los “os números cadran, pero a xestión está mal feita. Co informe sobran as palabras, se está orgulloso disto...”, le reprochó el portavoz popular, Luis Aragunde, a Charlín.

El hecho de que en este mandato se hayan realizado modificaciones de crédito por dos millones de euros es para el BNG una muestra de que el bipartito elabora presupuestos municipales con “eivas”. “Haberá que empezar a axustar o orzamento ao que se quere facer e aínda así habería que facer modificacións, pero facelas con esta facilidade demostra que non hai plan de goberno”, manifestó Liso González. “Dous millóns sen seguir o procedemento e non por facturas pequenas”, apuntó Abal Varela, quien también reprochó el colapso del servicio de Urbanismo, entre otros viejos reproches.