La conservera Atunlo solicitó en mayo el concurso voluntario de acreedores al no producirse avances en su plan de reestructuración en el que se encontraba inmerso tras haber entrado en preconcurso para tratar  de reconducir su deuda y cerrado la producción en sus fábricas de O Grove y Santoña. El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha admitido a trámite dicha solicitud, por lo que sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio quedan intervenidas. La magistrada indica en el auto que, tras examinar los documentos presentados, se aprecia que la empresa, que no solicita la apertura de la fase de liquidación, está en situación de insolvencia actual, debido al "descenso de las ventas e incremento acelerado de los gastos de la sociedad; imposibilidad de incremento de precios de los productos comercializados; y, excesiva dependencia de recursos financieros".

La jueza señala que el deudor, sus administradores, apoderados y representantes de hecho o de derecho “tienen el deber de comparecer ante el juzgado y la administración concursal cuantas veces sean requeridos”, al tiempo que advierte de que “deben colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso, poniendo a disposición de la administración del concurso los libros, documentos y registros correspondientes”. Los acreedores, por su parte, deben comunicar, en el plazo de un mes, la existencia de sus créditos.

La duración del procedimiento de concurso, desde la apertura de la sección primera al cierre de la quinta, no podrá ser superior a doce meses, si bien la jueza podrá acordar una ampliación del plazo de duración del mismo si fuera necesario, en atención a la complejidad del concurso o a las circunstancias justificadas que pudieran concurrir. El auto, aunque no es firme, tiene efectos inmediatos y es ejecutivo.

Atunlo presentó la solicitud de concurso el pasado 14 de mayo, después de haber entrado en preconcurso en noviembre pasado para tratar de reestructurar su deuda (más de 100 millones de euros) y buscar la viabilidad de la compañía.

Así, en un comunicado de hace 10 días, la empresa confirmaba la solicitud del concurso voluntario y aseguraba que no tiene deudas con la Agencia Tributaria ni con la Seguridad Social u otros organismos públicos, ni con sus trabajadores, aunque admitía que la actividad de la empresa se había visto reducida "ante el incumplimiento del compromiso de suministro del socio Inpesca".