El PP de A Illa de Arousa defiende la validez de su recurso contra la prórroga del contrato del agua que el bipartito aprobó en el Pleno hace dos meses. El teniente de alcalde, Manuel Suárez, había criticado a los populares al considerar que recurrían fuera de plazo, al presentarlo en noviembre contra un acto de septiembre y teniendo en cuenta que el recurso de reposición tiene un margen de un mes.
No obstante, el PP defiende su actuación, ilustrando que, pese a que el acuerdo sí fue en septiembre, el anuncio que abre el plazo no fue publicado en el boletín oficial de la provincia hasta el 15 de octubre, abriendo el periodo al día siguiente. Los conservadores formalizaron su recurso el 14 de noviembre, “polo que, por moito que tenten enlear, está en prazo e ademais fixémolo con absoluto convencemento para evitar a especulación e venda abusiva que están a facer co noso abastecemento de auga”, valora el portavoz, Miguel Paz.
El popular se refiere al de septiembre como el Pleno “no que se perpertrou este pacto de esquerdas contra os intereses xerais dos veciños nun recurso básico como a auga”. Indican desde el PP que el recurso deberá debatirse a su vez en Pleno y esperan que PSOE y BNG “entren en razón” y “deixen de xogar co subministro de auga potable”.
Para Miguel Paz no es “casualidade” que esa prórroga se firmase por la justa cantidad de 1,7 millones de euros que el Concello necesita aportar para su parte de la financiación de la futura depuradora de fecales. “As empresas non fan agasallos”, cuestiona y, por ello, cree que la maniobra “vai ter repercusións económicas para os veciños”.
En cuanto a que la prórroga sea por veinte años y no por los quince que contemplaba el propio contrato, el PP “respecta” el informe de Secretaría que lo avala, “pero nós temos unha postura diferente”, defendiendo tanto el conflicto en los tiempos como el hecho de que el servicio del agua no tenga relación directa con la depuración del saneamiento.
Finalmente, Paz insistió en la idea de que si la Xunta no contribuye a financiar la depuradora, es por la incapacidad negociadora y de gestión del ejecutivo local, que califica de “goberno feble”.