Las defensas de los acusados por la causa del alijo del buque “MV Karar2” han presentado una batería de cuestiones con las que intentar suspender o aplazar el inicio del juicio. 

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmaban hoy que el comienzo de la vista sigue previsto para este miércoles 20, reservándose también el jueves y viernes, en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Vigo. Como es habitual, se comenzará por resolver las cuestiones previas y ahí la sala decidirá sobre si admite o no algunas de las múltiples peticiones de suspensión. 

La citada Sección Quinta reserva doce días para el juicio contra Juan Carlos Santórum y otros 28 procesados,  en relación con el decomiso en 2020 de un alijo de 3,8 toneladas de cocaína. La vista oral había sido inicialmente fijada para el 27 de febrero, pero fue suspendida ya entonces por diversas cuestiones, entre ellas, cambios de abogados.

La Fiscalía pide 18 años de prisión y una multa de 438 millones de euros para Santórum, al que considera jefe de la supuesta organización, que se habría estado preparando para recibir el alijo de cocaína transportada en el buque: 3.824 kilos de cocaína. También se le imputa un presunto delito contra la salud pública con el subtipo superagravado de extraordinaria gravedad en atención a la cantidad de droga decomisada, el uso de embarcaciones como medio de transporte específico y el establecimiento de una red internacional dedicada a estas actividades en el seno de una organización delictiva. Se tata de varios supuestos delitos en concurso con el de coordinación y dirección de organización criminal, y otro de contrabando, según la Fiscalía.

Para su hermano, así como para un funcionario integrado en Vigilancia Aduanera, la mujer de este y otras 25 personas, la Fiscalía solicita 13 años y medio de prisión y dos multas de 400 millones de euros por la supuesta comisión de delitos contra la salud pública con el subtipo de extraordinaria gravedad, integración en organización criminal y contrabando.En el caso del trabajador de Aduanas pide, además, una pena de 40 años de inhabilitación absoluta y otros 6 años de cárcel, el mismo tiempo de prisión que para su mujer, además de una multa de 1,47 millones por un supuesto delito de blanqueo.

Uno de esos procesados también se enfrenta a dos años de cárcel por presunta tenencia ilícita de armas y en dos de los imputados concurre la agravante de reincidencia.