La costumbre de los concellos de asumir el déficit de lo que cuesta el servicio de transporte y tratamiento de la basura tiene los días contados. La Ley 7/2022 de residuos prohibe esta práctica a partir de abril 2025 y les obliga a repercutir el coste real a los vecinos para dar cumplimiento a la directiva europea que reclama el reciclaje del 55 % de los residuos municipales para el próximo año. Así las cosas, se avecinan subidas en el recibo y los ayuntamientos arousanos estudian medidas para suavizarlas. 

En la actualidad se afanan en buscar el modo de modificar o redactar nuevas ordenanzas para introducir el impuesto que sustituirá al tradicional: la tasa por generación que va al bolsillo de quién contamina más. De momento ninguno ha cuantificado de cuánto será, pero casi todos los consultados reconocen que “non vai quedar máis remedio” que incrementarla porque, en mayor o menor medida, en todos, la basura cuesta más de lo que ingresan de los usuarios. 

Por poner algunos ejemplos, en Meis la diferencia es de unos 100.000 euros al año, en Caldas de 145.000 euros y en Cambados y A Illa asciende a unos 70.000 euros, mientras que Meaño solo cubre en torno al 60 % con el recibo de particulares y empresas. Así pues, la clave está en rebajar el coste del servicio y ¿cómo?, incrementando el reciclaje. 

En el caso del cartón y los envases, solo cuesta la recogida e incluso pueden llegar a generar un beneficio económico –Cambados tuvo un retorno de 70.000 euros el año pasado por el contenedor amarillo–. Sus cifras son bastantes positivas porque la ciudadanía está más concienciada, pero aún así no alcanza las cifras exigidas, pero la basura orgánica está más en el punto de mira. Es la que más pesa, debido a su elevado contenido en agua, y todavía se deposita mucho en el contenedor verde, el de siempre, cuyo coste de gestión por tonelada es el más caro y contaminante a día de hoy: el envío a Sogama para su incineración. Poniendo otra vez como ejemplo la capital del albariño,  de los 900.000 euros que paga al año por el servicio, unos 400.000 euros se van en transporte y destrucción. En frente está el compostaje en sus dos modalidades: el que se realiza “in situ”, mediante colectores comunitarios e individuales y cuyo coste es cero, y el industrial que actualmente, sin conocer aún el canon para 2025, supone unos 18 euros menos por tonelada.

Ni los más cumplidores

Casi todos los concellos, con más o menos acierto y en diferentes marchas, se sumaron hace años al programa de ayudas Revitaliza de la Diputación y que el actual gobierno “cortou”, se lamentan desde de A Illa. Sin embargo, hasta los que más se aproximan a la exigencia europea, como este municipio, que recicla en torno a un 30 %, no se van a librar, aunque “entre isto e a suba aplicada xa para este ano, e pola que tantas críticas recibimos, o incremento non será tan elevado en 2025”, prevé su teniente de alcalde Manuel Suárez. 

Y no solo será cubrir el coste real, pues el canon de Sogama por la incineración ha subido al retirarse las bonificaciones y la redefinición de las ordenanzas conllevará otros cambios, como por ejemplo que industrias y otros establecimientos salen del sistema doméstico, así que habrá menos cabezas para pagar.

 
Así las cosas, los concellos están pisando el acelerador en la ampliación de la infraestructura de reciclaje, sobre todo de los  biorresiduos domésticos, ya sea mediante la implantación del contenedor marrón para particulares y grandes productores (hostelería, tiendas alimentarias, etc.) o instalando más composteros colectivos y repartiendo más individuales (indicados para huerta, jardín, etc.), que son las medidas más extendidas debido a lo eminentemente rural de O Salnés. 

Así sucede en Meis, “onde nos últimos catro anos repartimos máis de 300 composteiros individuais, pero ademais vimos facendo unha importante labor de educación e concienciación, pois tamén hai prácticas a erradicar como botar restos de podas ao colector verde”, destacó Marta Giráldez, la alcaldesa de este municipio donde este año también se subió la tasa de la basura, hasta los 95 euros para el recibo más caro de un vecino que vive en el centro urbano. Luego están concellos como Meaño, donde tendrán que hacer bastantes números porque actualmente “temos as taxas e impostos moi baixos. O do lixo está en 52 euros ao ano e estabamos cobrando 49 coa rebaixa –ya desaparecida– de Sogama”, según informa su regidor, Carlos Viéitez. 

Lógicamente, está lejos de otros concellos más grandes como Vilagarcía, donde supera los 100 euros anuales y que a diferencia del resto, indica que el coste real del servicio y la cantidad de ingresos “están muy próximos al equilibrio”. En su caso están realizando un estudio para cifrarlo con exactitud porque el contrato de la basura incluye la limpieza de calles y esta no se grava de manera directa al ciudadano. 

Lo mismo le sucede a Sanxenxo, que precisamente está preparando los pliegos para sacar de nuevo a licitación la basura y tomará decisiones en función de los precios de la adjudicataria, entre otras cosas, pero con la intención de “subir lo menos posible”. Como mínimo, este es el ánimo de todas las administraciones locales porque “subir, para nada queremos subir o recibo”, explica el teniente de alcalde de Caldas Jacobo Pérez.

Cómo gravar de manera justa

Muchos piensan en bonificaciones para quien recicle y por tanto contribuya a reducir costes, como ya sucede en A Illa, que aplica una rebaja de seis euros a los compostadores. De hecho, esta es la premisa que sigue el nuevo sistema de pago por generación, quien contamina, paga. Las autoridades comparten el camino a seguir en términos de sostenibilidad, “pero como se materializa iso a nivel local? Non temos fórmulas nin recursos para repercutir a cada veciño o custo da súa contaminación”, lamenta el edil isleño.
En otros lugares de España se está controlando mediante contenedores y vaciados unipersonales, pero con la dispersión poblacional de O Salnés resulta inviable y supondría un coste de personal y medios que encarecería aún más la recogida y tratamiento. 

“Temos que atopar unha fórmula para que se poida facer da maneira máis xusta para que, quen o faga ben, non pague tanto”, añade el alcalde cambadés, Samuel Lago, quien reconoce que están “desorientados” sobre cómo proceder. 

Es algo generalizado y muchos miran a la Diputación o a la Xunta, como este regidor, que se queja de la “falta de directrices” de la administración autonómica como “xestor final. Non é unha decisión que deba tomar cada concello de maneira individual”, sostiene. La propia consultoría externa contratada para elaborar la nueva ordenanza señala esta cuestión en su informe, indicando que la propia ley estatal de residuos señala que, en caso de no aprobarse una norma municipal, "aplicarase supletoriamente as normas que aproben as comunidades autónomas (normas, que por suposto, non existen, alomenos en Galicia)". Así que añade que podría sucecer que se aprobara una norma autonómica que "poida servir como base para a redacción das ordenanzas". Con todo, apunta que "a indefinición é tal, que nin sequera prevíronse as consecuencias por non aprobarse a ordenanza en prazo”, así que conisdera que "non é aconsellable neste momento unha reforma da ordenanza reguladora en espera de que en próximas reformas lexislativas e desenvolvementos regulamentarios da norma, se concreten as distintas formas de implementala". 

Desde A Illa también se quejan de que “se deixe todo o peso nos concellos” y su concejal de Servizos señala que se debería controlar el residuo plástico en los supermercados, entre otras cuestiones.