La subasta de la minicentral eléctrica de Ourense decomisada hace años a la organización vinculada al narcotraficante Manuel Abal Feijóo, Patoco, ya fallecido, ha sido declarada desierta tras no recibir ninguna oferta. Salió por un precio de 940.000 euros y ahora, el Plan Nacional sobre Drogas convocará un segundo proceso de venta con la revisión de las condiciones técnicas y económicas de pliego. 

El proceso ofrecía la concesión administrativa del aprovechamiento de un salto en el río Barra (Coles) para la producción de energía eléctrica, así como las instalaciones: una pequeña presa y toda la infraestructura de explotación y conducción que se montó en su día, hace más de una década. Según la documentación, el estado de los bienes es bueno, en general, aunque hay equipos que precisarían de inversión. Se trataba de un lote con una naturaleza muy específica y, de hecho, los postores tenían que acreditar su solvencia para la explotación de este tipo de infraestructuras. 

El bien forma parte del decomiso realizado por sentencia firme de la Audiencia Nacional en 2018 y que incluía un centenar de propiedades de diversa índole pertenecientes a dos organizaciones de lancheros de la ría de Arousa lideradas por el narco cambadés, ya fallecido entonces, y su exsocio, y valorados en más de 50 millones de euros. Algunas ya se han vendido en subastas anteriores del Plan, como la mítica discoteca Pirámide de Portonovo, y otras aún están en proceso. De hecho, actualmente se está con la recepción de ofertas y preparación de dos subastas del Fondo de Bienes Decomisados que, entre otros, incluyen tres fincas en Sanxenxo, un solar en Lugo y plazas de garajes y trasteros en edificios de Ribadumia y Poio, también incautados en su día con aquella operación patrimonial, denominada Houdini, una de las más importantes de los últimos años y desarrollada por la Agencia Tributaria.

La Audiencia Nacional sentenció que los procesados, que alcanzaron acuerdos de conformidad, habían utilizado sociedades instrumentales para “lavar” dinero procedente del narcotráfico. Para dar apariencia legal a los fondos adquirieron todo tipo de propiedades inmuebles. 

Una de esas empresas era Minicentrales 2000 que fue la que, en 2002, compró la concesión administrativa y construyó las instalaciones, terminando en 2011. Según aquella resolución judicial, el testaferro que la adquirió, pagó en efectivo y no constaba que tuviera los fondos suficientes obtenidos de manera lícita para afrontar esa operación. 

La explotación dejó de funcionar a raíz del proceso judicial y el organismo encargado de esta concesión  pública por aquel entonces gestionó la extinción de la concesión en 2017.