La adaptación de los servicios de recogida de basura a la normativa de la Unión Europea es uno de los retos, a corto plazo, de los municipios de O Salnés, Barbanza y Ulla-Umia. El otro, en pleno auge, es el de la vivienda. Ambas problemáticas colisionan en una cuestión clave: Cómo gravar a los pisos turísticos, en un momento en el que el acceso a la vivienda está siendo especialmente complicado para las generaciones más jóvenes. 
 

Este asunto ya trajo polémica en O Salnés, donde dos concellos muy próximos mostraron comportamientos totalmente antagónicos. En A Illa de Arousa la medida llevada a cabo por el gobierno de PSOE y BNG (fue el partido nacionalista el que encabezó esta reforma) de incrementar las tasas para los alojamientos vacacionales despertó una tromba de alegaciones, enfado y protesta de los propietarios de estos inmuebles, que pagarán 176,88 euros por la basura y 105,41 por el saneamiento, más que las viviendas para los residentes empadronados en el municipio.
 

Precisamente este el principal argumento esgrimido por Manuel Suárez, teniente de alcalde isleño, en un Pleno bronco, en el que el nacionalista incidió en que “non é o mesmo unha vivenda na que viven veciños, ou un alugueiro de longa duración, que unha vivenda na que veñen turistas. Nós non defendemos ese modelo e non o imos defender”. Su compañera de grupo, Sandra Castro, resaltó la defensa de un interés general, que es el del acceso a la vivienda. La medida fue aprobada por ambas patas del ejecutivo de izquierdas.
 

También polémico, aunque sin presencia vecinal, fue el Pleno de octubre en Vilagarcía, donde socialistas y nacionalistas adoptaron, precisamente, la medida contraria. Fue propuesta del ejecutivo en minoría del PSOE la reforma de la tasa de recogida de residuos, para adaptarse a la normativa europea y hacer frente al canon de Sogama, que supone un incremento de 600.000 euros al año. Este aumento, sin embargo,  afectará de manera mucho más directa a los hogares normales que a los turísticos, que pagarán de media 45 euros menos (la tasa que se establece es de 27,72 por habitación, muy lejos de los 129,56 que tendrá que pagar un vecino cualquiera, sin tener en cuenta las bonificaciones por reciclaje”. En este caso, desde el BNG se ampararon en una futura normativa para tasar las viviendas vacacionales y en el canon de Sogama para apoyar esta diferencia, única en las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia, que se ganó las críticas de Esquerda Unida e incluso del Partido Popular.

Dificultades para adaptarse a la normativa

En cualquier caso, la mayor parte de los concellos de O Salnés y Ulla-Umia no tomaron decisiones al respecto. En Caldas, que por su importancia en el Camino de Santiago y por su encanto como villa histórica que mantiene buena parte de su núcleo urbanístico sin alteraciones graves, los alojamientos vacacionales tienen también bastante peso. El gobierno local señala que sí se están planteando cambiar la ordenanza (tienen que hacerlo por el canon de Sogama) para aumentar las tasas a las viviendas turística que, en la actualidad, pagan lo mismo que el resto. “Teremos que facer diferencias porque non é viable”, señala Jacobo Pérez, edil de Facenda.
 

En Sanxenxo, municipio turístico por excelencia, explican que están preparando los cambios de la ordenanza, pero no entran en detalles. En O Grove, otro de los preferidos por las personas que llegan a O Salnés a veranear, explican que las viviendas turísticas pagan de basura lo mismo que el resto. El municipio se encuentra  en plena implatación del contenedor marrón y, a partir de ahí llegará la ordenanza reguladora y la fiscal. “Creo que ningún concello está preparado para abordar lo que se nos plantea”, señala el alcalde, José Cacabelos, en referencia a la recogida puerta por puerta que prioriza la Unión Europea. “Para mí es lo mejor que hay, pero es un sistema que requiere una inversión muy fuerte”, explica el regidor. Significaría, apunta, “comprar vehículos adaptados para todas las calles, rurales y urbanas, y dotar a los vecinos de un sistema de bolsas”. 

En Cambados reconocen que este sería el sistema más “estricto”, pero implantar la infraestructura necesaria, así como la subida de Sogama, conllevaría “un incremento brutal” del recibo. El alcalde, Samuel Lago, explica que se están haciendo consultas jurídicas. La preferencia del regidor sería guiarse por el padrón en el caso de los hogares, pero podría conllevar un “castigo” para las viivendas que separan y reciclan, aunque habrá bonificaciones para vecinos inscritos en alguno de los sistemas de compostaje. En el caso de los negocios Lago también incide en la necesidad de ser “o máis ecuánimes posible”, por lo que apuesta por vincular esta tasa con otros consumos de servicios básicos, como el agua. Esto les podría orientar en el caso de las viviendas turísticas, al no tener cabida la opción del padrón y, dice el alcalde, tampoco una tasa fija que no “cumpliría o espíritu da nova norma”, de pagar por la cantidad que se genera, ya que hay periodos sin deshechos. Lago, al igual que Cacabelos, hace hincapié en las dificultades para los concelllos a la hora de adaptarse a la ley. 

Un mercado roto

Vilagarcía acogió el sábado unas jornadas sobre el derecho a la vivienda, en el marco de los debates que organiza el PSdeG. En una mesa en la que estuvo la exministra lusa Marina Gonçalves, el secretario xeral, Xosé Ramón Besteiro, incidió en que “a crise da vivenda en Galicia, cun mercado de alugueiro roto, non se pode arranxar con parches como fai a Xunta do PP”. A cambio, los socialistas proponen viviendas públicas que permanezcan en el mercado como bien común y evitar la especulación