Cofradías, agrupaciones de marisqueo y organizaciones bateeiras de toda Galicia, junto a colectivos ecologistas como la PDRA, presentan ante el Parlamento una Iniciativa Lexislativa Popular para reclamar protección especial frente a industrias u otras actividades contaminantes llamadas a compartir espacio.

Lo que plantean con esta iniciativa es el "recoñecemento e protección das actividades pesqueiras e marisqueiras" y dar seguridad jurídica al sector, declarándolas de "interese xeral" en la Lei de Pesca. "No ordenamento do espazo marítimo terá prioridade fronte a outras actividades que puideran ocupar" dicho hueco, explicó Xaquín Rubido, de la PDRA.

De esta manera, se les dará un espacio que, hasta ahora, no está reconocido, a dos sectores que, recordó Rubido, son estratégidos desde el punto de vista económico, como incentivadores. "Non é unha riqueza que se vai para fora", dijo el portavoz de la plataforma ecologista. 

Además, incidió en el eje ambiental y en el papel de la pesca y el marisqueo como fijadores de CO2 y una fuente energética. 

"Neste contexto de cambio climático, a soberanía alimentar vai ter unha importancia cada vez maior. O sector pesqueir e marisqueiro son unha fonte de soberanía alimentar", explicó Rubido. Frente a estas actividades, que  un informe del IGE define como "senlleiras" y con el mayor índice de especialización de la Unión Europea, se encuentran otras actividades que optarían a dichos espacios.

Un ejemplo serían los eólicos marinos. Otras, como las minas, son para los promotores de esta iniciativa  "incompatibles" por "contaminar" las aguas generando balsas. Por eso, rechazan proyectos como el de Touro o el de San Finx.

"Temos que decidir que país queremos. Todo non se pode", advierte Rubido, que también defiende el espacio para marisqueo y pesca frente a las industrias que precisan ingentes cantidades de agua dulce, ante una emergencia climática "na que é un luxo" dicho recurso. "Este debate non se pode furtar" ni se puede dejar "para máis tarde", apunta el portavoz de la PDRA, que se mostró crítico con el hecho de que el Plan de Ordenación del Litoral estatal no reconozca caladeros gallegos que son, desde hace décadas, utilizados para la pesca y en los que pide que prime el derecho consuetudinario.

La Comisión Promotora de la ILP está formada por 25 personas, que representan a la Federación Galega de Confrarías, a las provinciales de A Coruña y Pontevedra, a organizaciones bateeiras y de mariscadoras, a las plataformas de las rías de Arousa, Vigo, Pontevedra, Muros- Noia y al Colectivo Ecoloxista do Salnés.

Los promotores se reunirán con las fuerzas políticas para impulsar la ILP, que ya fue admitida por la Xunta Alectoral de Galicia, abriéndose ahora el pliego para la recogida de firmas, proceso que se realizará entre septiembre y mediados de diciembre.