El PSOE y el BNG desestimaron las alegaciones presentadas por el Partido Popular y Esquerda Unida a la reforma fiscal promovida por el ejecutivo, en relación a la tasa de la basura y al ICIO. El alcalde, Alberto Varela, justificó su rechazo a subirle la tasa a los pisos turísticos, tal y como reclamaba la formación que lidera Juan Fajardo, porque “a maioría da xente cando estamos fóra, de turismo, pasamos máis tempo nas rúas e comemos fora, polo que non xeramos o mesmo lixo que cando estamos nos nosos domicilios”. 
 

Fue este el punto más polémico del último Pleno del año, pese al tono navideño al que apeló el regidor en un mensaje que no caló. “As alegacións están presentadas para buscar un titular de emprego”, aseguró el portavoz del BNG, Xabier Rodríguez, que tachó estas propuestas de “brinde ao sol” y apeló a la futura ordenanza, promovida por los nacionalistas y aceptada por el PSOE, para regular las viviendas turísticas, para una reforma fiscal. 
 

La respuesta vino a dos bandas. Mientras Fajardo le espetó que el acuerdo con los socialistas a cambio de un personal de confianza lo ampararon en “que precisaban a alguén para saír en prensa o mesmo que outras formacións políticas”, desde el Partido Popular, Juan Bayón incidió en que “é moi difícil defender a súa postura e teñen que buscar chivos expiatorios”.
 

Los argumentos del gobierno socialista, que hizo suyos también el BNG, pasan por el hecho de que la tasa en concreto graba la generación de basura, por lo que la legislación señala que debe pagar más quien más genera. “Non hai que mezclar churras con merinas”, apuntó Varela, mientras la portavoz socialista, Tania García, aceptó que “temos que traballar a diferenza que paga un pouco máis as vivendas que so teñen unha habitación” (pese a lo cual siguieron adelante con la aprobación definitiva), pero negó que en el resto de casos paguen menos las turísticas.
 

En este sentido, cabe recordar que los epígrafes se la reforma impulsada por los socialistas  señalan que los hogares normales pagan 64,78 euros al semestre, mientras que los alojamientos vacacionales sin servicio de comida (es decir, la inmensa mayoría de los pisos turísticos) pagan 13,86 euros al semestre por habitación. Por tanto, para llegar a la tasa que abona cualquier vecino,  estos inmuebles deben tener cuatro o más dormitorios.
 

“Nos toman por parvos”, apuntó Fajardo, que incidió en que solo rechazan la alegación “porque ven de Esquerda Unida” y que se trata de una medida que “non e moi revolucionaria, nin comunista, so hai que ser minimamente de esquerdas”. Al portavoz de EU le instó García Sanmartín a leerse la documentación, por su afirmación de que los que compostan en el rural, pero con sus propios medios, no están recogidos en las exenciones, algo que desde el ejecutivo niegan categóricamente. La otra alegación de EU, sobre grabar a los bancos y a aquellos establecimientos de comida con servicio para recoger en coche, también fue rechazada con los votos de PSOE y BNG.

Bonificaciones al ICIO

Los votos en contra de PSOE y BNG también tumbaron las bonificaciones solicitadas por el grupo municipal del PP para el impuesto del ICIO. Así, reclamaban que se incluyesen descuentos a las obras de rehabilitación y renovación de viviendas, a las de mejora de eficiencia en las que se reduzca un diez por ciento el consumo de energía primaria y a las de insonorización realizadas en locales.
 

Fue este último punto el que generó más polémica, al acusar el BNG a los populares de beneficiar, con este descuento, a los hosteleros “infractores” y no a aquellos que cumplen con la normativa, argumento que también apoyó el alcalde, Alberto Varela, en su intervención final.
 

“O BNG di que son meros titulares de prensa crear bonificacións para impulsar a rehabilitación de vivendas. Nós cremos que é unha vivenda moi axeitada”, aseguró Juan Bayón, del PP, que aprovechó la ocasión para devolverle el argumento a los socialistas y señalar que su formación y el BNG “votaron en contra” de los Presupuestos de la Xunta, que incluían ayudas para la rehabilitación. El PP también presentó otra alegación para tener en cuenta la aportación de la Xunta al canon de Sogama.