El gobierno de Sanxenxo aprobó ayer por mayoría en el pleno de la corporación la gestión indirecta del Servizo de Atención no Fogar en la modalidad de contrato de servicios de prestación sucesiva a través del Organismo Autónomo Terra de Sanxenxo. El ejecutivo de Telmo Martín expuso el tipo de contrato escogido para gestionar el servicio que según el PP local, supone la “mejora y eficiencia de una prestación fundamental en el municipio que permitirá llegar al mayor número de usuarios posibles”.
En estos momentos, el departamento de Servizos Sociais atiende a 64 familias y cuenta con una lista de espera de 43 casos que el gobierno local espera poder prestar atención en cuanto se haga efectiva la externalización del servicio. El modelo de gestión del SAF fue llevado al pleno al contar con un informe de Intervención que desaconseja la figura del contrato de concesión de servicios públicos, tal y como se había aprobado en el pasado pleno del 9 de junio, y establece que “se opte por el contrato de servicios de prestación sucesiva sin traslado del riesgo operacional al operador privado”.
La oposición en contra
Por su parte, los partidos de la oposición, BNG, PSOE, Ciudadanos y SAL, votaron en contra una vez más de la gestión indirecta del Servizo de Axuda no Fogar, teniendo en cuenta que “estamos gestionando a personas”, recordó la socialista Ainhoa Fervenza. Del mismo modo, la nacionalista, Sandra Fernández Agraso, señaló que “a concesión total non é posible porque os usuarios son determinados pola Xunta ou polo Concello, nunca por unha empresa, non hay acceso libre e polo tanto non pode supoñer un negocio para as empresas”. Además, la portavoz de Ciudadanos, Vanessa Rodríguez Búa califica de “chapuza” la gestión del gobierno local y del área de servicios sociales a la hora de establecer el modelo de contratación del SAF con el informe desfavorable de Intervención.
Durante el debate de la propuesta del gobierno local, el alcalde Telmo Martín explicó con severidad esta decisión porque “estamos en una situación crítica”. Sobre ello, incidió en que “no somos capaces de cumplir las horas que nos marca la Xunta, es la única vía que hay, las empresas son más rápidas para contratar al personal para hacer el servicio”. Ante esta cuestión, el gobierno local establece una partida de 400.000 euros para afrontar los costes de la atención y que se podrían incrementar en función de los usuarios demandantes. l