La decisión de la Audiencia de Madrid de ordenar al juez del caso Neurona que abra una pieza separada sobre el presunto uso como niñera de una asesora de la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, deja sin efecto todo lo investigado por el juzgado en el que recayó el proceso, que vuelve al magistrado que lo derivó.

Fuentes jurídicas han explicado a Efe este viernes que todo lo practicado queda sin efecto desde el momento en el que la investigación salió del Juzgado de Instrucción número 42, que ahora tiene que informar del fallo de la Audiencia al juzgado que había asumido el proceso para que se lo devuelva, y empezar a practicar diligencias.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez del caso Neurona, en un auto fechado el pasado 29 de octubre y conocido este viernes, abrir dos piezas separadas sobre dos procesos relativos a Podemos que el magistrado abrió el pasado mes de marzo en el marco de la causa principal y que envió a reparto para que los investigasen otros órganos.

Uno es el relativo a "la presunta utilización por Irene Montero Gil de una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos" y la otra se refiere a "la donación efectuada por el partido político Podemos al proyecto escuela popular Paulo Freire a través de la fundación de dicho partido político Instituto 25M, así como igualmente respecto de las donaciones efectuadas por dicho partido político a dicha fundación", según detalla el auto.

El tercer procedimiento que abrió el juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, y envió a reparto es el relativo al presunto cobro irregular de unas costas judiciales por parte del exlider de Podemos, Pablo Iglesias, sobre el que la Audiencia rechaza en cambio abrir pieza separada porque faltan datos para asegurar que hubo delito. Esta causa fue archivada el pasado mes de mayo por el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid.

Tras ordenar el magistrado Juan José Escalonilla en marzo el reparto de esos tres asuntos, la investigación sobre las donaciones al Instituto 25M recayó en el Juzgado de Instrucción número 1, que la archivó al no ver indicios de delito, mientras que la investigación sobre el caso de la presunta niñera fue al Juzgado de Instrucción 46, que en abril abrió diligencias previas por un presunto delito de administración desleal contra la ministra Irene Montero y su jefa de gabinete, Teresa Arévalo.

Lo hizo atendiendo a la denuncia de la exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, en la que aseguraba que Arévalo cuidó a la hija de Montero en la campaña electoral de 2019, cuando la ahora ministra era portavoz del partido y candidata, y Arévalo era su jefa de gabinete pagada con fondos del partido.

El magistrado tenía el caso en plena investigación y de hecho en los últimos meses ha tomado declaración como investigada a Teresa Arévalo y como testigos a la exgerente de Podemos Rocío Esther Val y al tesorero de esta formación, Daniel de Frutos.

El pasado día 3 estaba previsto que testificase una exescolta de Montero, pero no fue citada debidamente.

Ahora, según las fuentes, en ambos procesos todo lo practicado queda sin efecto desde el momento en el que salieron del Juzgado de Instrucción 42.

Este juzgado tiene que informar ahora al 46 y al 1 de la decisión de la Audiencia para que le devuelvan esos procesos, y comenzar a investigar.