El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha decidido proponer a su predecesora en el cargo Dolores Delgado para la nueva plaza de fiscal de sala de Memoria Democrática pese al posicionamiento en contra del Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General, pero no vinculante.

Tanto los seis vocales de la Asociación de Fiscales, de carácter conservador y mayoritaria en el consejo, como el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han mostrado en contra del nombramiento de Delgado y han decidido no participar ni en la votación ni en el debate, según informan a EFE fuentes presentes en la reunión.

La propuesta del fiscal general debe ser ahora refrendada en Consejo de Ministros.

El Consejo Fiscal está formado por tres vocales natos -entre ellos el fiscal general-; seis fiscales de la Asociación de Fiscales; dos de la Unión Progresista de Fiscales, de carácter progresista; y uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que también se ha opuesto estos días al nombramiento señalando el conflicto de intereses que suponen las actividades jurídicas de la pareja de Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, con este cargo.

La posición del vocal de APIF, Salvador Viada, presidente de dicha asociación, ha motivado que Delgado le haya recusado por "enemistad manifiesta".

En su escrito de recusación, al que ha tenido acceso EFE, la ex fiscal general del Estado apunta a la "pública y notoria animadversión hacia mi persona" de Viada.

Señala que de 2020 a 2023 "ha realizado múltiples manifestaciones difamatorias sobre mi persona en redes sociales, prensa y distintos medios audiovisuales en términos que han excedido la crítica profesional, social o de otra índole que pudiera considerarse admisible en un Estado social y democrático de Derecho".

El escrito adjunta esas intervenciones de Viada como "una breve muestra del tono y contenido de las descalificaciones" que este vocal "ha venido realizando recurrentemente".

Debido a su cargo en el Consejo Fiscal cree que "debieran resultarle exigibles un cierto grado, por mínimo que sea, de diligencia y rigor en sus manifestaciones" y apela así a lo dispuesto en los artículos 1, 5 y 7 del Código Ético del Ministerio Fiscal.

"Bien sea por ignorancia, bien por falta de rigor jurídico, bien por mala fe o temeridad, o bien quizá por todo a la vez, el Sr. Viada lejos de limitarse a criticar mi gestión como Fiscal General del Estado en el legítimo uso de su libertad de expresión (...) ha procedido de forma recurrente y pública a utilizar el insulto personal, incluso familiar, contra quien suscribe", destaca Delgado.

Lamenta así que Viada, quien siempre se ha mostrado crítico por la decisión de Delgado de no renovar al fiscal Ignacio Stampa en la Fiscalía Anticorrupción cuando se estaba haciendo cargo del caso Villarejo, haya procedido "a publicitar falsedades y continuas provocaciones" hacia ella.

Como motivo de esa enemistad manifiesta y de esa "pérdida de imparcialidad" que alega, Delgado alude a la decisión que tomó en su día con respecto a Viada y su esposa, la fiscal anticorrupción Teresa Gálvez, que aspiraba a la Jefatura de esa Fiscalía, que volvió a quedar en manos de Alejandro Luzón, quien renovó así su cargo.

"Aprovecho para expresar mi firme convicción en que ni el Sr. Viada, ni su esposa, la Sra. Gálvez, reunían las condiciones de mérito y capacidad, objetivamente demostrados, requeridas para los destinos a los que aspiraban", concluye el escrito.

Antes de la reunión, Viada remitió una carta al fiscal general en la que consideraba "preciso" disponer de unos días para analizar "las eventuales consecuencias" de otorgarle esta nueva plaza a Delgado, hasta ahora fiscal jefe de la Fiscalía Togada Militar.

Recordaba en este sentido que su pareja, Baltasar Garzón, es titular del despacho de abogados Ilocad y de la Fundación Fibgar, "que tiene un objeto y una actividad que podría entrar en conflicto con las funciones que la ley atribuye a la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática".

La Asociación de Fiscales por su parte pidió la dimisión de García Ortiz por la "burda maniobra" para nombrar a Delgado Fiscal una vez convocadas ya las elecciones, así como por el "ajuste de cuentas" que, según ellos, ha protagonizado con la ex fiscal general Consuelo Madrigal al equiparar las circunstancias de este nombramiento con otros que ella propuso en su día.