PP y Vox han acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "imitar" al líder chavista venezolano Nicolás Maduro, y de "querer convertirse en rey" para ser inviolable y buscar la impunidad e indultos a su familia inmersa en causas judiciales, pero el PSOE niega que ese sea el fin de la proposición de ley de reforma de la Justicia que han registrado en el Congreso.

Ambos partidos han arremetido duramente contra Sánchez por la reforma de la ley del PSOE que prohíbe ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, una iniciativa enfrentada por las asociaciones de jueces y fiscales.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez, de "imitar" a Maduro, al que ha calificado de "dictador", y de cambiar la ley para que no juzguen a su familia, en alusión a las causas judiciales abiertas contra la esposa y el hermano de Sánchez.

En un acto con presidentes autonómicos del PP este domingo en Oviedo, ha argumentado que la proposición de ley se traduce en realidad en "indultos preventivos para que la familia del presidente no pueda ser juzgada en nuestro país".

Para Feijóo "la idea de impedir que la Justicia investigue a la familia del presidente solo pudo venir en alguna de las maletas venezolanas".

Igual de duro ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, que cree que la norma refleja "la clarísima intención de Pedro Sánchez de convertirse en el rey". "Quiere ser totalmente inviolable e impune, él y su familia", ha subrayado en una entrevista en OK Diario.

Abascal ha dicho que votarán en contra de esta medida cuando se debata en el Congreso y que hará todo lo que esté en sus manos para frenarla, sin descartar la acción judicial, aunque ha advertido de que el Tribunal Constitucional está ahora en manos del PSOE y ello gracias al Partido Popular, ha apuntado.

Desde el PSOE, la secretaria de Política Económica y Transformación Digital, Enma López, ha afirmado que no plantean eliminar la acusación popular sino "limitarla" o "acotarla".

"No parece lógico que sean partidos políticos o asociaciones afines a los partidos políticos quienes utilicen esa figura. Y no se está suprimiendo en ningún caso", ha señalado a los medios.

Además ha criticado que el PP vea esta reforma judicial como una herramienta para dar "carpetazo" a la investigación contra la mujer del presidente, Begoña Gómez o a los causas por presunta corrupción que afectan al PSOE o al Ejecutivo.

Más prudente ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha apuntado que "están por ver las consecuencias sobre procedimientos ya iniciados", aunque lo que sí ha defendido es la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos.

"No creo que ese delito deba figurar en el Código Penal, me parece bien que se suprima", ha dicho Puente en una entrevista en la Cope, en la que se ha declarado católico, pero ha asegurado que no le ofende el momento de LalaChus en las Campanadas de TVE mostrando una estampita con el rostro de la vaquilla de El Grand Prix.

Al margen de los partidos, la asociación de víctimas Dignidad y Justicia ha denunciado que la norma es una reforma constitucional "encubierta" con la que, a su juicio, el presidente del Gobierno "acaba de dar un golpe de Estado".

"El Gobierno está caminando hacia una tiranía", ha criticado la asociación en un comunicado, que considera que pretende "el control de todo el sistema judicial por la puerta de atrás con el objetivo de poner fin a las causas que hay abiertas contra su entorno".