Una asesora contable y fiscal de una sociedad con sede en A Pobra deberá sentarse el próximo miércoles, día 5 de febrero, a partir de las nueve y media de la mañana, en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de un delito continuado de administración desleal y otro de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con un delito de estafa. La Fiscalía le pide condenas de cuatro años y medio y multa de 2.400 euros, y tres años de cárcel y multa de 2.160 euros, respectivamente, así como el pago de una indemnización de 144.161 euros, que es el montante total en que se calcula que ascendió el perjuicio económico para la referida sociedad, y que como consecuencia de todo ello la misma entró en fase de disolución.
Los hechos que le atribuye se registraron entre comienzos de 2015 y octubre de 2020 cuando, según sostiene el Ministerio Público, la ahora procesada actuó con el ánimo de lucro ilícito y en perjuicio de su socia, con participaciones del 50% cada una, en su labor como representante legal y administradora, en unión de su socia, de la “Asesoría BCN-Barbanza Consultores de Negocios, Sociedad Civil”, con domicilio social en A Pobra y dedicada al asesoramiento jurídico, laboral, fiscal y contable y administración de fincas. Detalla que la acusada tenía la responsabilidad del departamento laboral y fiscal, así como la contabilidad de la sociedad, facturación, pagos e ingresos de la misma, para cuya gestión se utilizaban dos cuentas bancarias de las entidades financieras CaixaBank y Banco Santander, respectivamente, asociadas a sendas tarjetas bancarias y banca online a disposición de la acusada, como apoderada autorizada.
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía indica que en el período comprendido entre los años 2015 y 2020, hizo retiradas de efectivo de tales cuentas, sin justificación contable, por un importe total de 89.560 euros, así como transferencias a su cuenta particular por importe de 33.435 euros, sin conocimiento y consentimiento de su socia, y que, con cargo a esas cuentas societarias, realizó compras privadas por importe total de 12.766 euros y que consistieron en ropa, perfumes, alimentación, reparación de coche, compras online y otras. El Ministerio Público detalla que todo ello lo hizo "sin anotación contable, ni justificación en el balance de la sociedad, y actuando la acusada en el contexto de especial confianza y accesibilidad que propició el que ella y su socia se conocieran desde hace muchos años y constituyesen la sociedad en 2012, circunstancias por las que su socia confiaba en la capacitación y profesionalidad de la misma en la labor contable, dada su diplomatura en Relaciones Laborales".
El escrito de acusación de la Fiscalía recoge también que, paralelamente, la acusada desvió dinero a su cuenta privada de dos comunidades de propietarios, de cuya administración se encargaba como una de sus funciones en la asesoría, y que fueron por importes de 9.375 euros en una y 2.000 euros en otra. Además, detalla que el 13 de octubre del 2020, tras ser requerida por su socia, la acusada procedió a la devolución a la cuenta de empresa del Banco Santander de 9.375 euros de la primera de las comunidades, pero no de los 2.000 euros de la segunda. De igual manera, señala que, actuando con idéntico ánimo, el 7 de mayo de 2020, la procesada suscribió una póliza de crédito con el Banco Santander, con cargo a una nueva cuenta de la sociedad “Asesoría BCN-Barbanza Consultores”, por cuantía de 9.000 euros, y que para ello falsificó la firma de su socia y copartícipe, sin conocimiento, ni consentimiento de ésta última, procediendo a transferir la mayor parte de este dinero -6.80 euros- en cuantías mensuales hasta que, en octubre del 2020, su socia descubrió la existencia de tal póliza.