La cuenta atrás termina a las nueve y media de esta mañana y se llevará a cabo la ejecución forzosa del desalojo cautelar de los okupas de los dos bloques de viviendas del edificio número 3 de la Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro, en el céntrico barrio residencial ribeirense de Abesadas. Ello se llevará a efecto después de que la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), que había presentado una denuncia por un delito leve de usurpación, interesó ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Ribeira la adopción de esa medida, que su titular, Alfonso Zarzalejos, autorizó.

La decisión judicial se produce después de que la Policía Nacional llevó a cabo la plena identificación de 14 ocupantes de ese inmueble  -la identidad del resto se ignora-, a los que se emplazó a comparecer en sede judicial con la finalidad de que aportasen cualquier título que legitimase la ocupación, sin que se hubiera presentado alguno de ellos para cumplir con ese trámite procesal.

El juez autoriza el desalojo cautelar de todas los okupas de ese edificio ya que considera que existen indicios suficientes para considerar que los denunciados usurparon las referidas viviendas y que moran en ellas sin título alguno y en contra de la voluntad de su actual propietaria y denunciante. Además, sostiene que existe serio peligro para los bienes jurídicos de la perjudicada, que acreditó su titularidad y que se manifestó contraria a la tolerancia y su voluntad contraria a la ocupación por parte de los indiciariamente usurpadores. También ordenó a los denunciados que fueron identificados a que recojan todas sus pertenencias y abandonen el inmueble antes de las 9.30 horas, pues de no hacerlo “serán lanzados utilizando la fuerza mínima indispensable para ello”. 

Para que se lleve a cabo el desalojo deberá comparecer el apoderado de la Sareb con todos los medios materiales y personales necesarios para tapiar el edificio y evitar la entrada de otros ocupantes. El Juzgado Nº1 de Ribeira le notificó a la Policía Nacional que disponga el dispositivo necesario -se prevé la movilización de numerosos efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR)- para realizar el desalojo forzoso con seguridad para la comisión judicial y demás intervinientes, y asegurar el orden y paz sociales.