El grupo municipal del Partido Popular de Ribeira solicita al Ejecutivo local la puesta en marcha de medidas de seguridad, disuasorias y de protección del entorno de las nuevas ubicaciones a donde se desplazaron los okupas que el pasado martes fueron desalojados por orden judicial de un edificio de dos bloques de viviendas de la Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro. Los populares señalan que con ello se busca evitar nuevos problemas en diferentes barrios, como lo que, indican, se les está trasladando desde la Avenida Romero Ortiz, donde ya había un inmueble okupado y en el que se metido algunos de los que desalojados en el referido bloque de pisos inacabados en el barrio residencial de Abesadas.

Tras hacerse efectivo el pasado martes el lanzamiento judicial de los okupas del edificio número 3 de la Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro, en Abesadas, tal y como ya se publicó, se generó una alerta en Romero Ortiz, de la que ahora se hace eco, pues sus vecinos ven como de nuevo su barrio vuelve a ser objeto de la inseguridad, trapicheos y altercados nocturnos. "Sabemos, porque así no lo fixeron chegar, da gran preocupación que existe entre a veciñanza, do desamparo que senten por parte do Executivo municipal que, lonxe de empatizar con eles, presumen de ter quitado o problema dun lado e mételo noutro, ou mesmo suxire aos veciños “que entren eles alí”. Según sostiene el PP, el Gobierno local "non debe estar só para sacar peito do que cre que consigue, que por certo non ten mérito ningún nun eido xudicial que leva anos xestándose, senón para ofrecer solucións e alternativas ao veciños".

El PP ribeirense recuerda que la referida zona de Romero Ortiz estuvo sufriendo durante años las consecuencias diarias de tener una narcocasa en el eje principal de la calle "e que ocupase as constantes preocupación nas súas rutinas do vecindario". En este sentido, desde su grupo municipal indicaron que fueron muchos los seguimientos realizados por parte de las autoridades, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado "que interviron en múltiples ocasións para tratar de frear esta sangría que atormentaba a vida dun barrio que sufría nas súas carnes os episodios de violencia, roubos, trapicheos, trifulcas nocturnas e diúrnas", subrayó. 

Entonces, los populares sostienen que fue en 2022 cuando el entonces Ejecutivo local llegó a un acuerdo, con motivo de la rehabilitación de la calle, de la cesión de un muro, así como la compra de la "vivenda en cuestión" y otra lindante. Fue una operación que sostiene "sería beneficiosa para o municipio xa que, ademais de eliminar un punto flagrante de venta de drogas, deixaría un espazo diáfano inexistente ata a data no barrio e que favorecería a vida e o lecer os veciños do entorno". Recuerda que, a finales de ese mismo año, el pleno de la corporación municipal dio luz verde por unanimidad a la solicitud de un crédito al IGVS por importe de 700.000 euros para poner en marcha la adquisición y rehabilitación de, entre otros, las citadas viviendas de la Avenida Romero Ortiz y la restauración del espacio resultante tras la demolición de esos inmuebles.