La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida por el acrónimo de la Sareb, espera que el incendio registrado en la madrugada del domingo en el edificio okupa de su propiedad en la Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro, en el barrio residencial de Abesadas, permita que se agilicen los trámites judiciales para que se lleve a cabo el desalojo del inmueble, algo que también desean los residentes de ese entorno. Pese a ello, fuentes judiciales indicaron que los plazos que estuvo dando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Ribeira, que lleva el caso de la denuncia penal por usurpación presentada por la Sareb el pasado 15 de abril, apuntan al 2025. Además, en junio presentó una demanda civil por precario, es decir, por no tener contrato o que no sea legal, pero en estos momentos se está a la espera de si es admitida a trámite.

Desde la Sareb recuerdan que ese edificio lleva más de cuatro años ocupado y que recibió la posesión de ese activo hace tan solo unos meses, en concreto, el pasado abril. Añadió que al tratarse de un edificio conflictivo, con un historial de denuncias, en cuanto se lo entregaron, la actual propietaria acreditó que no existía vulnerabilidad en los ocupantes y se denunciaron las ocupaciones para proceder al desalojo. También indicó que se encontraron con alguna situación irregular como era que algunas de las personas que vivían en esos pisos estaban de alquler ilegal y otros eran okupas. En ese sentido, el procedimiento está judicializado, con lo que los plazos para el desalojo dependen de la agilidad de los juzgados y no de la Sareb, que indicó que se pone a disposición de lo que necesiten el juzgado y el Ayuntamiento para agilizar los procesos judiciales del desalojo y que los vecinos recuperen la tranquilidad.
 

Este edificio procede de una deuda con una entidad financiera de un promotor en concurso de acreedores que se prolongó durante muchos años y, pese a que durante años la Sareb fue propietaria de esa deuda, no lo era del activo. En ese sentido, desde el punto de vista legal, hasta que una persona física o jurídica no logra la posesión de una vivienda y puede inscribirla a su nombre en el Registro de la Propiedad, no puede entrar al mismo, ni denunciar ocupaciones, y eso es lo que prolongó la situación durante tantos años. “Por parte de la Sareb, en cuanto logramos la posesión legal de las viviendas, se intentó ser ágil para presentar denuncias, pero ahora los plazos no dependen de nosotros”, señaló. “Somos conscientes de la difícil situación que viven los vecinos y estamos a disposición del Ayuntamiento y Policía Local para colaborar pero, como empresa pública, la Sareb sólo desaloja por vía judicial para proceder con todas las garantías legales”.