El macrojuicio por el alijo de 3.800 kilos de cocaína a bordo del barco MV Karar en el año 2020 espera sentencia después de diez meses, cerca de 40 sesiones y 80 pruebas testificales y periciales practicadas.

1- La investigación
En plena pandemia, con restricciones de movilidad, la Policía Nacional investiga a un vendedor y reparador de embarcaciones, Fidel F.B., por su supuesta relación con la fabricación de narcolanchas. Constatan que se reúne con Juan Carlos Santórum, un presunto 'narco' "huidizo" -así lo indicó un policía que le investigó-, que cuenta con antecedentes pero al que nunca han condenado por delitos contra el narcotráfico.

Santórum es el presunto cabecilla del grupo criminal, según el Ministerio Fiscal. La Policía practica escuchas a los miembros de la banda y sostienen que se preparan para recibir un cargamento en altamar.

En paralelo, la agencia estadounidense DEA traslada a la Brigada Central de Estupefacientes que un barco navega desde Panamá a Galicia con 154 fardos de droga de Colombia -en puerto se contaron 152- y un gallego en la tripulación, José B.G.; también aportan un número de teléfono portugués que sigue la singladura del buque.

Al introducir el teléfono en la base de datos, según indicó en la vista un alto mando de la Brigada, se establece la conexión con la investigación que se desarrollaba en Galicia: había dejado una llamada perdida a Fidel F.B. que este devolvió sin que nadie respondiera.

Según el informe final del fiscal, ese mismo número efectuó llamadas a un teléfono satelital que iba en el barco y, al de un colombiano residente en Madrid, René R.R., quien mantenía contacto también con un funcionario del Vigilancia Aduanera, Pablo S.V. a través de ese mismo tipo de aparatos de telecomunicaciones que les fueron incautados en los registros.

2- El abordaje
El 25 de abril de 2020 de madrugada, con la intervención de la Armada, se intercepta al Karar, un barco con bandera togolesa. Va cargado con 3.800 kilos de cocaína. En el puente de mando hay unas coordenadas escritas a lápiz en unas cartas náuticas. Coinciden, según los investigadores con las que aparecieron en una nota en una nave registrada posteriormente en Galicia.

Además, en las escuchas la banda habla de "tres ocho" y los policías interpretan que aluden a la droga que fue finalmente incautada.

El presunto grupo criminal conoce, a través de una filtración, que se van a producir registros y detenciones en Galicia. Santórum es el único que huye -se entrega en septiembre-. Entre el material incautado en su vivienda, un chaleco antibalas y prendas de ropa de la Policía.

3- Las pruebas
Además de la conexión con el número portugués y la nota de las coordenadas, la acusación considera que las embarcaciones que fueron incautadas a la organización estaban preparándose para recibir la cocaína.
En cambio, las defensas sostuvieron en el juicio que estas eran inservibles y una de las letradas afirmó que habrían sido más útiles unas lanchas de pedales.

Uno de los hallazgos de los investigadores fue una prueba de agua que le estaban haciendo en Vigo a una embarcación de la séptima lista -teóricamente de recreo y para pescar- que según el Fiscal fue había sido modificada para otros fines ilícitos, idea que rechazan los procesados.

4- Los tripulantes reconocen los hechos
Todos los tripulantes confesaron los hechos. Los de Nepal y Bangladesh, entre ellos el capitán y el segundo al mando de la embarcación. Eso sí, el gallego que iba a bordo para contar los fardos y custodiarlos aseguró en el juicio que no conocía a los miembros del grupo criminal que supuestamente lidera Santórum.

Los abogados del resto de procesados han pedido la libre absolución de sus patrocinados. La mayoría de los que hicieron uso de la última palabra también se declararon inocentes.

5- Un instructor policial investigado en Murcia
Las defensas han intentado desacreditar la investigación policial en la que se sustenta la acusación de la Fiscalía y de la Abogada del Estado. Principalmente, por el instructor policial, un exjefe del GRECO en Pontevedra que está investigado en Murcia por su presunta relación con el narcotráfico y que tardó en comparecer en el juicio del Karar por haber estado de baja médica varios meses.

Cuando declaró, Santórum le llamó "narcopolicía", lo que propició su expulsión de la sala ese día.

Una de las abogadas ha catalogado al policía que dirigió la investigación como un "marionetista" porque, según ella, movía los hilos para que la información de la DEA casara con el supuesto grupo criminal de Santórum. Otro letrado ha llegado a vincularle con el número portugués que, según la investigación, seguía la singladura del Karar.

6- El número portugués, sin identificar
Y es que una de las críticas de los abogados de la defensa a la Policía y a las acusaciones del fiscal es que no se llegó a identificar quién estaba detrás del número portugués; tampoco qué organización enviaba la droga desde América.

7- El aduanero y su mujer
El fiscal pide 19 años y medio de cárcel para el funcionario de Aduanas y su mujer por considerar que ella sabía de la actividad ilícita de su marido. Seis de esos años son por blanqueo de capitales en relación con el narcotráfico.

A Pablo S.V., el fiscal le atribuye proveer de información del servicio de Aduanas a la banda y participar en la comercialización de estupefacientes.

Con este caso le relacionaron a partir de una llamada anónima a UDYCO Vigo el 11 de mayo de 2020, ya con el Karar abordado, que le delata. Sin embargo, Telefónica no acreditó la existencia de esa llamada.

El 10 de junio se le detiene en Madrid cuando viaja en compañía de su mujer y recogen en su coche a René R.R., que lleva una bolsa negra con 368.000 euros.

La defensa de Mónica F.L. ha considerado ilegal su detención. La de René, ha reprobado el registro de su domicilio en Leganés, donde se incautaron de droga con un valor en el mercado ilícito de más de 440.000 euros.

8- Los delitos y las penas
Se les imputan delitos contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud con el subtipo superagravado de extraordinaria gravedad por la cantidad de droga y el uso de embarcaciones, así como un delito de integración en organización criminal.

Al jefe del grupo le piden 18 años de prisión y una multa de 438 millones de euros; un año y medio menos que al de Aduanas y su pareja. Al resto, 13 años y medio y dos multas de 400 millones de euros, con excepción de José Y.R., que se enfrenta a otros dos años por tenencia ilícita de armas.

La solicitud del Fiscal incluye una rebaja de penas para los tripulantes. El gallego, el capitán y el segundo de abordo deberían afrontar 7 años y medio y dos multas de 400 millones; los demás, dos meses menos.

9-La situación de los tripulantes extranjeros
Los abogados de los tripulantes extranjeros han pedido una rebaja en las penas por dilaciones indebidas y han solicitado la sustitución de la reclusión que les queda por cumplir (dos años) por la expulsión del país.
Los letrados criticaron la gestión del sistema judicial con respecto a los procesados, en libertad desde abril de 2024 -tras estar 4 años en prisión preventiva-, pero sin residencia ni permiso para poder trabajar, lo que les ha llevado a una situación de "indigencia".

10-Petición de libre absolución
El resto de los procesados han pedido la libre absolución o condenas mucho más bajas de las que solicita el Fiscal para sus patrocinados y también han incidido en las dilaciones del proceso.