9º-19º
viernes | 29 noviembre | 2024
La Audiencia Provincial de Pontevedra acordó hoy aplazar el juicio contra 28 acusados por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína transportadas en el buque MV Karar en plena pandemia. La decisión se tomó debido a la baja de la letrada encargada de la defensa del supuesto cabecilla de la organización, Juan Carlos Santórum, y después de que ni este ni otros seis acusados, todos representados por la misma abogada, compareciesen para la vista.
Así, el tribunal acordó la suspensión del juicio, que continuará en las fechas en que se había señalado para el próximo mes, a partir del 17 de abril.
La magistrada presidenta señaló que los siete acusados que no comparecieron este miércoles lo hicieron de forma injustificada, por lo que serán vueltos a citar y apercibidos de que, si vuelven a ausentarse sin justificación, “serán conducidos por la fuerza pública”.
Por otra parte, el tribunal también terminó, acogiendo los alegatos de Fiscalía, Abogacía del Estado y del resto de defensas presentes, que no procede un enjuiciamiento por separado y que el juicio debe hacerse a la vez a todos los procesados.
De hecho, el tribunal se constituyó precisamente para resolver sobre esa cuestión, toda vez que ya se había aceptado previamente la suspensión por baja médica de la abogada ausente.
Uno de los letrados explicó en declaraciones a los medios que las defensas, al igual que la Fiscalía, se opusieron a que la causa se juzgara por grupos separados de acusados, recordando que las declaraciones de los imputados que no estuvieron este miércoles fueron aceptadas como prueba y un juicio sin estos siete implicados podrían causar indefensión de sus representados.
Hoy comparecieron 21 de los acusados, de los cuales 16 permanecen en prisión preventiva. Así, están en la cárcel 14 tripulantes del MV Karar, de Bangladesh y Nepal, y un ciudadano colombiano, además de un gallego que está en prisión, aunque por otro procedimiento.
No obstante, el 25 de abril se cumplirán cuatro años desde que ingresaron en la cárcel por esta causa los tripulantes del buque, y la ley no permite superar ese plazo de prisión preventiva, por lo que, todo parece indicar que saldrán en libertad antes de que haya una sentencia por estos hechos. Esta es la segunda suspensión de este juicio, que ya estuvo señalado para febrero y que se aplazó entonces “por diversas cuestiones, entre ellas, cambios de abogados”, informaba el TSXG.
El ministerio público atribuye a todos los acusados un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de drogas que causan grave daño a la salud, con el subtipo agravado por el uso de embarcaciones y por tratarse de una red con contactos internacionales; y un delito de integración en organización criminal. A mayores, al matrimonio acusado les imputa también un delito de blanqueo de capitales, y a un procesado al que le intervinieron una pistola, lo acusa también de tenencia ilícita de armas.
Para el supuesto cabecilla de la organización pide 18 años y medio de prisión, así como una multa de 438 millones de euros; mientras que, para el resto, solicita 13 años y medio de cárcel (dos años más para el investigado por tenencia de armas) y dos multas de 400 millones de euros.
En el caso del funcionario de Aduanas, la solicitud de pena se incrementa en otros 6 años por el blanqueo y dos penas de inhabilitación total por un período de 20 años; para su mujer, la Fiscalía también pide la pena de cárcel por blanqueo, de manera que ambos se enfrentan a un total de 19 años y medio de prisión.
