8º-15º
viernes | 22 noviembre | 2024
Acababa el Pleno de ayer por la tarde en A Illa y el alcalde, Luis Arosa, quiso dar la palabra a dos personas del público para responder de viva voz dos preguntas planteadas por escrito sobre el cobro de tasas de basura y alcantarillado a las viviendas turísticas dadas de alta en el municipio. A partir de ahí se desataron dos tensas horas de intervenciones cruzadas entre el bipartito y el público, donde se congregó un buen número de propietarios, críticos con el hecho de que este tipo de viviendas paguen tasas más altas que los domicilios de residencia habitual. Gritos, algunos descalificativos, un amago del portavoz del BNG de abandonar la sesión por ello, y, en definitiva, un choque de trenes del que era, y fue, imposible obtener consenso alguno.
Por un lado, los dueños exigían una equiparación de tasas con los domicilios habituales que, del otro lado, el concejal de Facenda, el nacionalista Manuel Suárez, reiteró de manera firme que no iba a producirse.
El ejecutivo local sí tramitó una modificación técnica para rebajar los importes que, “por un erro”, llegaron en los últimos recibos y que hicieron que estos propietarios pusiesen el grito en el cielo. Los dueños de viviendas turísticas recibieron recibos de 323,42 euros por la tasa de basura y de 140,81 por la de saneamiento, lo que sumaba un pago conjunto de 464,23 euros. “Case a metade dun salario mínino”, protestó una de las vecinas más críticas. Tras los cambios técnicos introducidos, el gobierno local modificó el cuadro de estas tarifas para que las viviendas de uso turístico dejen este tramo 3 y se incluyan en el llamado tramo 2. Así, pagarán de basura 176,88 euros y de saneamiento 105,71, o lo que es lo mismo, un total de 282,59 euros. El alcalde, Luis Arosa, indicó que quienes hubieran abonado ya los recibos comenzarían a recibir devoluciones por este ajuste, previsiblemente, a partir de enero. Y que para 2026 los importes serían todavía menores.
La medida no convenció a los congregados, por estimarla insuficiente. Los presentes presionaron reiteradamente al bipartito para que las viviendas de uso turístico fuesen incluidas en el tramo 1, el que corresponde a las viviendas de uso habitual y cuyos recibos “son a metade”.
Casi al comienzo del intercambio verbal, por momentos a gritos y con varias personas interviniendo a la vez, Suárez se levantó con intención de abandonar el salón, teniendo en cuenta que el Pleno había terminado. Fue recriminado casi en la puerta por buena parte de los presentes. “Marchando fáltanos ao respecto. Eu estiven aquí a escoitarte dúas horas e agora marchas”, le espetaron. “Isto é un acto público. Se estiveches aquí é porque quixeches”, se defendió el edil. Justificó su marcha por no admitir “impertinencias e insultos”, pero, calmadas un poco más las aguas, finalmente aceptó quedarse para hablar con los críticos si se mantenía la voluntad de diálogo.
Sentados todos de nuevo, los propietarios argumentaron varios extremos: que estas viviendas vacacionales generan menos basura, al estar activas “só dous meses ao ano”; que es “inxusto” que se grave más por un mismo servicio —como es la recogida—, que el gobierno penaliza así a las viviendas vacacionales dadas de alta —ya que las que operan en B no pagan—, y que la medida complica incluso la viabilidad económica de muchas familias que viven de esto como alternativa “a que a xente deixa o mar porque non da”. También plantearon alternativas para compensar el dinero que el Concello dejaría de ingresar si cedía a sus pretensiones, como cobrar a los inquilinos vacacionales una tasa turística o poner de pago el parking de O Bao. “Suplícovos que revisedes eses recibos, porque non chegamos a final de mes”, protestó una de las asistentes.
Enfrente, el también teniente de alcalde contraargumentó, defendiendo la decisión política adoptada: “Non é o mesmo unha vivenda na que viven veciños, ou un alugueiro de longa duración, que unha vivenda na que veñen turistas. Nós non defendemos ese modelo e non o imos defender”. Su compañera de filas, Laura Castro, añadió que sobre la mesa habría un interés general mayor por el que velar, el de intentar atajar problemas de “acceso a vivienda habitual”, “especialmente no caso dos mozos, que están a ter que marchar”.
Frente a las críticas por cobrar más de basura a pesar de “xerar menos” que una vivienda habitual, Suárez replicó que lo que se grava son “os usos diferentes”. En el caso de viviendas turísticas “estamos dando servizo a vivendas nas que hai xente que non é veciña”. “Síntoo moito, ogallá puideramos tomar medidas que beneficiasen a todo o mundo”. Escuchó algún grito de “delincuente”, a lo que replicó que únicamente estaba “expoñendo as miñas ideas”.
El alcalde, el socialista Luis Arosa, se sumó al razonamiento de que la tasa debe ser diferente, puesto que el uso lo es. Así, no se podía considerar igual a quien tiene su domicilio habitual que a quien está obteniendo un beneficio de “unha actividade económica”. “Non pagamos IAE, non é unha actividade económica”, replicaron desde el público. “Pero emites factura, non?” terció Suárez. El portavoz del BNG todavía razonó que, en realidad, el cobro de estas tasas, incluso a las viviendas turísticas, está aún “por debaixo” del coste real de los servicios. Y repercutir su coste real es obligado por ley, por lo que anticipa cambios en próximos años.
Quienes podrán respirar más tranquilos son los campings. El Pleno aprobó una “corrección de erros” en la ordenanza de la tarifa de alcantarillado, que incluyó a estos negocios dentro del epígrafe 6, correspondiente a cocederos y otros grandes generadores, lo que suponía recibos de unos 3.000 euros. Aunque Intervención, y el PP, dudaron de que el cambio pudiese acogerse a la figura de la corrección de errores, el gobierno introdujo por esta vía una categoría 7 que deja fuera del epígrafe problemático a los campings, pagando así unos 400 euros.
