9º-10º
lunes | 20 enero | 2025
La instrucción de la causa se atascó en los juzgados prácticamente 25 años. Pero el juicio duró poco más de una hora. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra celebró esta mañana el juicio del caso por contrabando de tabaco que en su día le terminó costando la Alcaldía de Ribadumia a José Ramón “Nene” Barral. Él, principal encausado, falleció antes de poder ser juzgado, al igual que otros tres investigados.
Hoy se sentaron en el banquillo los ocho que siguen vivos, entre ellos, Feliciano Barral, hermano del histórico regidor ribadumiense.
La vista se desarrolló rápida porque no hubo testifical de los acusados, que se acogieron a su derecho a no declarar. Solo lo hicieron dos agentes de Vigilancia Aduanera y un perito, a los que incluso las defensas declinaron interrogar.
Dos de los acusados sí hicieron uso del derecho a la última palabra en juicio, en el que coincidieron en el pesar por los largos años de instrucción. Feliciano Barral usó este turno de palabra para declarar: “Quiero vivir, porque llevo 24 años sufriendo y sufriendo y sufriendo”. José Manuel Sotelo manifestó, por su parte, que llevaba “35 años sufriendo este calvario. No me quedan fuerzas”.
El caso quedó así visto para sentencia y el fantasma de la absolución planeó este lunes en la sala. La causa dio un importante giro en 2023, cuando un auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra declaró nulas todas las escuchas, que sustentaban gran parte de las tesis acusatorias.
Tanto es así, que el propio fiscal reconoció que sin estas grabaciones, la acusación, o al menos una parte importante, cojea. Augusto Santaló señaló además en la vista que “no es lógico” estar juzgado a estas alturas un caso cuya instrucción comenzó en 1999 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vilagarcía, entonces dirigido por el juez José Antonio Vázquez Taín, y que enjuicia hechos que se remontan a 1996.
Sin las escuchas ni las pruebas de ellas derivadas, la Fiscalía acabó retirando las acusaciones de cohecho y de asociación ilícita, considerando además que sobre el delito de revelación de secretos “no se ha practicado prueba”. Lo que sí se mantiene es la acusación de contrabando. Esta incluye peticiones de prisión de entre dos y tres años de cárcel, con multas millonarias. En cualquier caso, las defensas insistieron en que no existen pruebas contra sus clientes.
El Ministerio Público sostuvo en su escrito inicial de acusación que, de acuerdo con otras personas de nacionalidad portuguesa, holandesa, suiza, croata, norteamericana, inglesa y polaca, los acusados habrían jugado diferentes papeles en operaciones de contrabando de tabaco extracomunitario entre los años 1996 y 2001, “por vía marítima y terrestre, así como a través de contenedor”, según este relato.
