El cierre inminente del asilo de Cambados ha traído a la actualidad la situación de la atención a personas mayores en O Salnés, donde actualmente no hay ninguna plaza vacante de las 168 subvencionadas por la Xunta en centros privados. Ha vuelto a poner negro sobre blanco en la acuciante necesidad debido al envejecimiento de la población y sobre todo para las familias con parientes dependientes a las que otros métodos les resultan insuficientes, como es el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que ofrecen todos los concellos; o los centros de día, donde los usuarios pueden pasar unas horas; o incluso las Casas do Maior puestas en marcha recientemente en Vilanova y con previsión de abrir otra en Meis. Hacía tiempo ya que las Hermanitas de los Ancianos Desamparados no aceptaban nuevos usuarios; dos años, tranquilamente, cuentan quienes intentaron optar a una plaza por aquel entonces, tomando conciencia después de que ya tenían en mente la venta del Pazo de Montesacro y el cierre, previsto para estas semanas.
El caso es que actualmente no hay ninguna plaza pública de residencia en kilómetros a la redonda. Cabe recordar que en la comarca no hay ningún centro así, pero la Consellería de Política Social financia la atención para 168 personas en dos privados. Según fuentes de este departamento, cuando se produce una vacante “adoita estar libre durante uns dez días, o tempo no que outro usuario acepta a praza”. No obstante, cuando esto sucede “a praza bloquéase e non se lle pode ofertar a ningunha outra persoa que non sexa á que lle corresponde segundo a lista pública”, añaden las mismas fuentes.
Esta situación provoca que, en ocasiones, las personas mayores tengan que ser desplazadas lejos de sus familias y es una de las principales críticas realizadas desde la oposición política en el Parlamento galego, pues tanto BNG como PSOE llevan meses reclamándole que compre el asilo cambadés y lo convierta en la residencia pública de que carece la comarca, aunque el gobierno autonómico ha descartado por completo la operación, que supondría 4 millones de euros por la compra y, como mínimo, otros tres para su rehabilitación y adaptación a la normativa.
A día de hoy, los convenios mantenidos con empresas privadas para proveer a la comarca de plazas concertadas son con la multinacional Geriatros, que tiene la Domus Vi de Ribadumia, con 152 plazas autorizadas de las cuales, 114 tienen financiación de la administración; y la de la fundación de iniciativa social, la Divina Pastora de Vilagarcía, con capacidad para 102 de las cuales, 54 son concertadas, quedando 48 de modelo privado.
Siempre según el Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Ruepss), ambas cuentan con 12 plazas libres, pero de tipo privado con precios que varían en función de los servicios incluidos en la atención básica. En el caso de la ribadumiense, el precio para una persona dependiente en una habitación doble es de 72,58 euros al día (unos 2.100 euros al mes). Este sube si se elige una estancia individual –de haber– hasta los 79,45 euros por jornada (mensualidades de unos 2.300 euros).
En el caso de la vilagarciana, el coste es más ajustado, de 65 euros por día para una habitación doble (1.950 euros al mes) y baja más si se trata de una persona con autonomía, a 1.675 euros. Además de los cuidados esenciales de tipo geriátrico, sanitario y de ocio, con actividades de entretenimiento y estímulo, hay cartas de servicios complementarios, como el de peluquería (22 euros), acompñamientos a citas médicas (20 euros), etc. los cuales exceden el principal y que pueden realizarse a elección de la familia.
Siempre según los precios publicados en la base de datos de la Xunta, la tercera residencia existente en la comarca, la Servisenior de Vilagarcía, también ofrece precios más ajustados: desde 1.990 euros al mes en habitación doble y si el usuario no es dependiente, desde 1.420. Las instalaciones de la Avenida das Carolinas tienen autorizadas 24 plazas de residencia y otras tantas de su modelo de vivienda compartida, pero ninguna pública. Según el censo autonómico, actualmente tiene vacantes una y cuatro de cada modelo, respectivamente.
Así las cosas, en O Salnés hay una proporción de plazas subvencionadas algo mayor que de privadas, –de 168 frente a 122 de un total de 290–, pero aún así insuficientes para una población que no es ajena al fenómeno global del envejecimiento. Y es que, según datos del INE, hay una mayoría de concellos donde los vecinos mayores de 65 años superan el 25% y en algún caso, mucho más. De ahí que las fuerzas políticas locales vengan reclamando la construcción de un centro público y cabe recordar que el Concello de Cambados incluso ha ofrecido comprar terrenos y entregárselso a Política Social para construirlo.
Pero también es cierto que a pesar de lo predecible del problema que se avecina, ningún ayuntamiento saliniense se presentó a la convocatoria de la Xunta para la construcción de residencias abierta entre 2021 y 2022; un reproche realizado desde la Consellería de Política Social al camdabés en la pugna política en la que viven enzarzadas ambas administraciones –de diferente color político– desde hace un año, cuando se conoció la venta del asilo de las religiosas.
Este centro tampoco era la panacea, pues está obsoleto, tiene capacidad para 70 mayores y ninguna plaza pública, pero sí era un alivio, sobre todo para los cambadeses que veían en él una posibilidad para un futuro en que no pudieran valerse por sí mismos ni ser atendidos por sus seres queridos.
Y es que la orden de las Hermanitas actuaba casi como un centro benéfico y ha sido precisamente esto lo que les ha llevado a las pérdidas económicas que alegan para su marcha tras casi 80 años en la capital del albariño, porque la bajada de las vocaciones les ha obligado a realizar más contrataciones, incrementando los costes salariales y sin olvidar el incremento de los costes de la vida en general. Tiene una plantilla de 29 trabajadoras que serán despedidas.
Según consta en el Ruepss, la congregación solicitaba el 80% de la pensión de la persona si era autónoma y el cien por cien si era dependiente, quedando en precios que iban entre los 1.350 y 1.700 euros, en función del grado de dependencia. No obstante, en su listado advierten su condición; que fue fundada para atender a personas mayores en situación de desamparo o con necesidades económicas y sociales y por ello tenían abierta la opción de atenciones sin contraprestación en los casos más graves.
En Caldas cuentan con otro centro que, según el Ruepss, solo tiene una plaza libre de las 70 autorizadas y es la única que hay en esta zona.
En la comarca de O Barbanza la situación es similar, mientras no se construya la nueva residencia del Ejecutivo autonómico en Ribeira, que contará con 100 plazas. La pública que hay actualmente en la ciudad –gestionada por Geriatros–tiene capacidad para 106 personas, pero no quedan vacantes y luego hay una privada en Artes con 16 plazas concertadas, pero tampoco tiene disponibilidad, solo dos de tipo privado. Y luego está la de A Pobra, donde el departamento de Paola García acaba de realizar una importante inversión de reforma de las instalaciones, pero está completa con 48 usuarios.