Como ya ocurrió en septiembre y en abril, el juicio fijado a partir de este jueves en la Audiencia de Pontevedra contra el exalcalde de Ribadumia José Ramón “Nené” Barral por contrabando de tabaco en los 90, ha tenido que ser suspendido por imposibilidad de asistencia de la letrada de la defensa.

Este nuevo revés impedirá de nuevo que esta semana se sienten en el banquillo los doce acusados en esta supuesta trama de contrabando liderada por “Nené” Barral y que está acusada de introducir tabaco en España de forma irregular entre 1996 y 2001.

El juicio, por unos hechos que se iniciaron hace casi 30 años, se fijó inicialmente en septiembre de 2022. En aquella ocasión, Barral y los otros once acusados llegaron a sentarse en el banquillo, pero la sesión se suspendió tras las cuestiones previas para resolver las peticiones de los letrados defensores. Como consecuencia de estas, en febrero de este año la Audiencia Provincial declaró nulas las escuchas telefónicas al exalcalde de Ribadumia, llevadas a cabo a partir de febrero de 1999, dejando sin efecto una de las principales pruebas contra él. Asimismo, también declaró nulos los “datos, hallazgos y pruebas” obtenidos a través de las escuchas. El juicio volvió a fijarse para el mes de abril. Sin embargo, en esa ocasión tampoco llegó a celebrarse debido a que coincidía con señalamientos preferentes de algunos de los abogados personados. Ahora, la imposibilidad de asistencia de la letrada de la defensa ha obligado a suspenderlo de nuevo.

Supuesto cabecilla

El escrito fiscal considera a Barral cabecilla de una organización compuesta por otros 9 acusados que, entre 1996 y 2001, se habrían dedicado a introducir tabaco de contrabando en territorio europeo. En 2001, el hasta entonces alcalde de Ribadumia fue detenido por su presunta vinculación.

La Fiscalía considera que hay delitos de asociación ilícita, delitos continuados de contrabando, delitos de revelación de secretos y de cohecho activo y pasivo. Por ello, pide para Barral, como cabecilla, diez años y medio de cárcel, además de una multa de más de 15,3 millones de euros.

Para el resto de los acusados, pide penas de entre dos y ocho años y multas que también superan los 15 millones de euros. Además, para seis acusados de contrabando también solicita que indemnicen de forma conjunta a la Hacienda Pública Estatal con casi 5 millones de euros y otros tres tendrán que pagar más de 600.000 euros.