El principal acusado de los 28 investigados por el decomiso de un alijo de 3.800 kilos de cocaína a bordo del buque 'MV Karar', Juan Carlos Santórum, ha mostrado en un escrito a la Audiencia Provincial de Pontevedra, que le juzga en Vigo, su "renuncia a ejercer el derecho a la última palabra" en contra del consejo de su abogada.

En el documento, de tres páginas y media, al que ha tenido acceso EFE, indica que el primer día de la vista oral se le denegó la solicitud de declarar como acusado en último lugar tras la práctica de la prueba porque las magistradas no encontraban motivo para "alterar el orden" propuesto por la Fiscalía.

Ese orden fue "alterado a espaldas de la defensa" cuando el primer testigo en declarar fue un oficial de la Policía Nacional y no el inspector jefe, que sigue de baja, advierte.

Critica, asimismo, que a los tripulantes de nacionalidad nepalí acusados "no les tradujeran las exposiciones y planteamientos de nulidades efectuadas por las defensas" a su lengua y que, en su opinión, tendrían que haber conocido porque podría haber cambiado su decisión, "ya tomada, de llegar a un acuerdo con el ofrecimiento del fiscal".

Les afea, además, que "cuando fueron interrogados por sus abogados, a alguno de ellos les faltó deletrearles lo que tenían que decir".

Otro de los puntos abordados por Santórum es el de una nota hallada por agentes de la Policía en la nave de O Vinquiño (Sanxenxo) con las mismas coordenadas que aparecieron en el buque 'MV Karar' sobre el punto de encuentro para alijar la droga en altamar, papel que ha desaparecido.

"Bajo mi punto de vista se la hicieron repetir a los pobres marineros por sus letrados, de manera muy torpe, porque creo que sin eso no había acuerdo del fiscal", indica Santórum, acusado de ser jefe de la organización criminal.

"Todos negábamos a nuestra abogada la existencia de tal nota en Vinquiño y que eso no estaba en la nave", sostiene el principal procesado.

Además, cuestiona las grabaciones interceptadas por la Policía en uno de los vehículos que utilizaba la organización por la mala calidad del audio y a las que considera que no dan "seguridad jurídica".

Así, rechaza que las juezas aseguraran que habían entendido un mensaje que la letrada de la Administración de Justicia, quien hizo de intérprete, no era capaz de descifrar, o que el oficial de la Policía que declaró llevara "ocho páginas con notas que se puso a leer sin pedir permiso a la sala" hasta que su letrada protestó.

Por todo ello, Santórum asegura haber "perdido la fe en un juicio justo" y, en consecuencia, traslada su renuncia al derecho a la última palabra. 

El trabajador de Aduanas denuncia que lo siguen policías

El trabajador del Servicio de Vigilancia Aduanera que figura entre los acusados por el alijo de 3.800 kilos de cocaína a bordo del buque MV Karar en 2020 ha denunciado en la Comisaría de la Policía Nacional de Pontevedra que está siendo seguidos por agentes, entre ellos uno citado como testigo en este juicio de narcotráfico.

Su abogada ha informado en la vista de este viernes en la Ciudad de la Justicia de Vigo que incorpora a la causa el documento con la denuncia que interpuso su representado.

En esa denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, el trabajador de Aduanas, Pablo S.V., señala que se siente atemorizado" por haber recibido una llamada de un número telefónico de la provincia de Pontevedra este miércoles por la tarde, al que contestó sin recibir respuesta alguna, y que está siendo seguido por policías nacionales.

El denunciante menciona, en concreto, el número del carnet profesional de uno de los agentes que forma parte de la lista de testigos citados a declarar en el juicio del Karar.

Pablo S.V. fue relacionado por la Policía con este caso por una llamada anónima que recibió la Udyco de Vigo en un teléfono que, según explicó esta semana en la sala el secretario policial de la investigación, es público pero de uso profesional, para recibir llamadas de abogados, policías o detenidos.

Según figura en el escrito de acusación, en junio de 2020, mes y medio después de que el Karar fuera abordado en altamar y la droga fuera decomisada, Pablo y su mujer viajaron a Madrid y se encontraron con el colombiano René R.R., quien subió al coche del trabajador de Aduanas con una bolsa negra que contenía dos paquetes con billetes en los que había 198.000 y 170.000 euros, 368.000 en total.

La Fiscalía considera que desde marzo de 2020 René y Pablo estaban en contacto a través de teléfonos satelitales y que el colombiano, con residencia en España, controlaba la singladura del Karar en comunicación con un número portugués cuyo usuario no ha sido identificado y que, según ha trascendido en el juicio, estaba geolocalizado en el norte de la ciudad de Madrid.

Al funcionario de Aduanas le encontraron en su domicilio el teléfono satelital y un móvil que suele ser utilizado con un protocolo de mensajería encriptada 'Encrochat' y que tenía una tarjeta SIM de Holanda.

El fiscal pide tanto para él como para su mujer 19 años y medio de prisión -las penas más altas de este caso- y una multa de casi un millón de euros por los delitos relacionados con el tráfico de drogas y por otro de blanqueo de capitales.