Los gobiernos de España, a diferencia de otros países, dejaron la vivienda y el urbanismo en manos de especuladores. Zapatero quiso abordar el problema de vivienda y creó el Ministerio sin resultados. Le sucedió el gobierno del PP y lo eliminó. Ahora el gobierno de Sánchez volvió a crearlo. Es función de gobiernos progresistas resolver el problema de la vivienda porque las derechas apoyan la especulación que corrompe. Las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autonomas, y los ayuntamientos deben aportar suelo, pero se dedicaron a recalificar terrenos a medida de especulados y les regalaron el 10% que les correspondía. La escasez de suelo y su alto valor influye en la carestía de la vivienda. El suelo no se fabrica, y aunque tenga dueños , quien lo recalifica es la administración por que el valor sobrevenido debe recaer en beneficio de la vivienda pública para que salga más barata. Las rectificaciones y desarrollo urbanístico se basaron en tráfico de influencias dando lugar a la corrupción, por eso, en los pactos municipales todos querían quedarse con urbanismo. En muchos casos convirtieron lo rústico en urbanizable con agravio para los colindantes que vieron cómo la finca de al lado le tocó la lotería mientras la suya quedó en medio sin recalificar. En los planes urbanísticos influyeron personas ajenas al bien común, por eso vemos líneas en zigzag en planos dejando espacios dentro del núcleo que prohíbe edificar por no tener influencia. Los redactores de planes se dejaron influir por constructores restringindo lo rural para que la gente comprara pisos en el centro urbano. Evitar la arbitrariedad recalificando terrenos rústicos en urbanos se evitaría usando figuras geométricas, circunferencia, retángulo, triángulo etc, perimetral cogiendo la últimas casas del núcleo y todo lo que queda dentro declararlo urbano. El suelo es del propietario, pero la recalificacion la hace la administración pública y debe revertir en el abaratamiento de la vivienda pública.

Mientras el suelo y la vivienda estén en manos especuladores y fondos buitre no habrá vivienda para todos. La Constitución de 1978 en su artículo 47 dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general . La comunidad participe en las plusvalías que generó la acción urbanística de interés público”.

Todos los gobiernos pasaron por alto cumplir la Constitución perjudicando la vida de la gente, a diferencia de otros países, que no permitieron la especulación y vinieron a España a crear la burbuja inmobiliaria del 2008. Como prueba ahí está el Ayuntamiento de Madrid, donde construyeron miles de viviendas con fondos públicos y luego las malvendieron a fondos buitre dejando en la calle a los inquilinos. Todos los gobiernos, de arriba a bajo, emplearon fondos públicos en obras faraónicas y abandonaron la creación de vivienda pública dejando que los buitres especulen con los servicios públicos.

La Asociación de Geógrafos contabilizó que en España en las dos ultimas décadas se invirtieron 81.000 millones de euros en infraestructuras innecesarias, hoy sin utilizar, o infrautilizadas, y se prevé que aún puede llegar a 97.000 millones por compromisos adquiridos. A esto hay que sumar los 60.000 millones del rescate de las cajas por corrupción política.