Si tienes un piso y lo alquilas o alquilaste con fines turísticos, debes saber que desde el primer día de este año, entró en vigor la obligación para las nuevas plataformas de alquiler de pisos turísticos como Airbnb, HomeAway, windu o Niumb de facilitar a la Agencia Tributaria (AEAT), datos detallados de sus usuarios como el nombre y dirección de sus anuncios, así como los ingresos obtenidos.
Desde Hacienda han decidido ampliar el plazo hasta el 31 de enero del 2019, a las plataformas, para proporcionar la información correspondiente al 2018, ya que con carácter extraordinario la declaración informativa de este ejercicio tendrá carácter anual, siendo con periodicidad trimestral la de los siguientes años. Aunque en nuestro país es una novedad, lo cierto es que Airbnb ya ha trabajado con más de 500 gobiernos de todo el mundo, para automatizar la recaudación de impuestos. Para facilitar a los anfitriones, la proporción de los datos exigidos por la nueva normativa, habilitó una herramienta accesible desde el perfil de cada uno de sus usuarios.
Esta no es la única novedad con la que nos vamos encontrar este año en materia de alquiler, puesto que a partir del pasado 19 de diciembre, entraron en vigor las medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que van a tener un gran impacto en la redacción de los nuevos contratos de arrendamiento, ya que cambian de manera sustancial los parámetros por los que se regía esta actividad, algunos de los más significativos y relevantes son los plazos de duración mínima de los contratos de arrendamiento, estos ahora se diferencian en función de si el arrendador es una empresa (7 años) o si es una persona física (5 años), estos plazos son obligatorios para el arrendador y voluntarios para el arrendatario. En cuanto al plazo de la prórroga del contrato aumenta a 3 años, una vez transcurridos los plazos mínimos y siempre y cuando no hubiese denuncia en contrario de ninguna de las partes. Esta medida, para los fondos de inversión, tiene la consideración de discriminatoria y advierten que alargar los alquileres puede elevar precios y condicionar futuras inversiones.
En cuanto a la renta, a no ser que se refleje un pacto de manera explícita, no se aplicará revisión del precio pactado durante la vigencia del contrato. En este caso es aconsejable establecer un método concreto del cálculo de dicha revisión, de lo contrario se revisará anualmente tomando de referencia el índice de Garantía de Competitividad.
Referente a la fianza legal, se estipula una mensualidad para arrendamientos de vivienda y dos para arrendamientos de uso distintos a vivienda, limitando cualquier garantía adicional a un máximo de dos mensualidades.
Además de estas medidas urgentes, sabemos que para este año desde el Ministerio de Vivienda se está trabajando en una nueva Ley estatal de Vivienda, en la que se anuncia como objetivo un parque de vivienda asequible y social, que recogerá nuevos incentivos fiscales y de regulación que favorezcan la oferta de las viviendas en alquiler.
Actualmente el Impuesto de Renta de Personas Físicas (IRPF), prevé una reducción considerable del rendimiento neto (60%), para el propietario de inmuebles destinados a alquiler de vivienda, independientemente del perfil del inquilino (renta, edad…). Dado el anuncio que persigue la futura ley, entendemos que con muchas probabilidades se rediseñará el incentivo fiscal actual, para conseguir un mayor impacto y calado social, además de dar un vuelco a la propia actividad y tratar de contener la constante subida que está sufriendo este mercado en los últimos tiempos.
El aumento de la demanda y del interés por parte de grupos de inversores en comprar vivienda para ponerla en alquiler, hace que esta actividad registre una tendencia alcista y aunque en nuestra comunidad no lo haga con los mayores picos de subida, si es cierto, que siguen registrándose valores positivos en los últimos años.
En definitiva, queda esperar y comprobar si las recientes y futuras medidas tomadas por el gobierno, son capaces de regular un mercado que está en plena ebullición y ayudar a la demanda en grandes ciudades, en cuyo bolsillo comienza a pesar demasiado.
Noelia Puceiro
Directora de INTER Asesoría