El Gobierno es el responsable de gestionar el gasto del fondo europeo de 70.000 millones de euros que tendrá un horizonte temporal de ejecución del gasto de 3 años, para ello ha desarrollado el borrador del Real Decreto Ley (RDL) de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, en el que Pedro Sánchez se ha asegurado el control de los fondos  presidiendo  una comisión encargada de autorizar y hacerle un seguimiento  de estas ayudas, en contra de muchas iniciativas que solicitaban que se dejase en manos de un organismo independiente la gestión de estos fondos.

En el citado borrador del RDL, con la finalidad de agilizar la asignación de los fondos se eliminaron ciertos controles y burocracia para asegurarse un plazo máximo de aprobación de los proyectos de 5 días, además de implementar la ventanilla única que consistirá en un portal web único en el que se podrá gestionar todas las solicitudes de participación en el Plan de Recuperación, así como la centralización de la toda la información. Habrá que comprobar el funcionamiento de esta y si realmente llegará a llevarse a cabo debido a la multitud de convocatorias de ayudas que existirán y teniendo presente que en plena pandemia no se ha conseguido gestionar de forma eficaz ayudas como los ERTE y el ingreso vital. Esta vez todo parece indicar que lo reorganizarán con asignación de funcionarios para la gestión de los fondos, con experiencia previa preferiblemente en gestión de proyectos europeos, a quienes incentivarán con bonus enfocados a la productividad y conseguir los objetivos fijados.

Este martes el Gobierno ha lanzado otro salvavidas para aquellas empresas y autónomos en apuros, el Consejo de Ministros habilitó una cuantía de 2.800 millones de euros dentro de las líneas de avales gestionadas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de las entidades financieras, abriendo la posibilidad de que empresas que se encuentren en concurso y cumplan el convenio puedan acceder a esta financiación, los bancos en ningún momento podrán obligar a las empresas a contratar otros productos financieros. Además el Consejo Ministros amplió hasta el 1 de junio de 2021 el plazo para poder presentar la solicitud de los préstamos garantizados con los avales del ICO, cuyo plazo de vencimiento se ampliará hasta tres años, con un tiempo máximo de ocho años  para aquellas empresas y autónomos que no sean morosos y tampoco estén en un procedimiento concursal, además de la posibilidad de una ampliación en el plazo de carencia de doce meses sin superar los veinticuatro meses.

Además de los planes específicos diseñados para lo sectores del turismo y la automoción, el Gobierno ha incorporado en su agenda a los emprendedores españoles, por ello públicamente el pasado mes de octubre Pedro Sánchez  ha anunciado que las start up juegan un papel clave en el futuro de nuestra economía y por ello se pretende impulsar el crecimiento empresarial aumentando el tamaño y la productividad  de pymes, con la  intención concreta de promocionar  sobre todo a las start up tecnológicas, ya que la digitalización es uno de los objetivos estrella de este programa, hasta el punto que de los fondos que proceden de Bruselas, se fija que la cantidad destinada a este fin así como para el crecimiento de pymes y start up se cifra en 1.150 millones de euros con las que se espera apoyar a 2,5 millones de empresas españolas. Dentro de esta asignación de fondos, entraría la creación de una Oficina Nacional de Emprendimiento, que actuaría como punto de encuentro de autónomos, PYMES y start up en materia digital, esta plataforma sería la puerta de entrada a diversos proyectos emprendedores en la que se facilitaría el acceso a ayudas públicas.

En cuanto a las subvenciones se suprimen requisitos de informes y autorizaciones, se necesitarán acuerdo en el Consejo de Ministros para aquellas subvenciones que superen los 12 millones.

Las pequeñas y medianas empresas, motor de nuestra economía con el 98% del tejido empresarial, que representan el 75% del empleo y el 65% del PIB, recibieron el mayor impacto de la pandemia, a diferencia de las start up que se manejan con solvencia en el entorno digital, las pymes tradicionales se han encontrado con un duro proceso de digitalización de su actividad, consumiendo recursos en un momento de muy baja productividad. No debemos y tampoco podemos permitirnos, perder el patrimonio que representan estas empresas, por ello es vital impulsar la investigación y desarrollo digital, para poder desenvolver nuevas fortalezas.

*Noelia Puceiro es la

directora de INTER Asesoría