La empresa de seguridad del SPAD de Vilagarcía presentó un escrito ante el Concello para reclamar que no se renueve el contrato, una vez vencido el mismo, alegando, entre otras cuestiones, la subida de los salarios y los incrementos de precios derivados de la Guerra de Ucrania.
Así aparece recogido en el acta de la Xunta de Goberno Local del 21 de agosto, en la que se informa además de la decisión del ejecutivo que preside Alberto Varela, que insta a la concesionaria a cumplir con el contrato.
Uno de los argumentos que ofrecen desde la mercantil Grupo Control de Empresa, para solicitar la no renovación del contrato denominado “Servizo de Vixilancia e Seguridade no Servizo de Prevención e Asistencia a Drogodependientes- SPAD”, es la subida de los gastos provocada por la incidencia de la guerra de Ucrania.
Además, la firma incide en el incremento “imprevisto e imprevisible”, de las retribuciones del personal en el convenio colectivo, que son de un seis por ciento para 2023 y de un cuatro para 2024.
La mercantil señala que este incremento, derivado de la aplicación de las subidas salariales pactadas en el convenio colectivo de aplicación, “provocadas pola suba da inflación e o conseguinte incremento do IPC”, aumenta los gastos del personal que, asegura, “ascenderon a un 88 por cento do importe total facturado en 2022”.
A esto, Grupo Control Empresa de Seguridad suma la prohibición de revisión de precios del contrato lo que, dice, “provoca perdas á empresa que lle faría inviable a prestación do servizo”
El escrito llegó al Concello el 2 de junio y fue analizado en la reunión del 21 de agosto del ejecutivo socialista, que insta a la concesionaria a cumplir el contrato.
En la respuesta, explican que el contrato entró en vigor el 16 de noviembre de 2022, por un plazo de dos años prorrogable otros tantos. El pliego de cláusulas administrativas que rige el contrato, razonan desde Ravella, “non contempla a posibilidade de revisión de prezos, de acordo co disposto no artigo 103.5 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pero si contempla a obriga, legalmente establecida, de que o contratista cumpra o convenio colectivo de aplicación”. Por ello, el ejecutivo socialista concluye que Grupo Control Empresa de Seguridade S.A. debe prestar el servicio de vigilancia y seguridad en el SPAD durante el plazo establecido, es decir, hasta el 16 de noviembre de 2024.