Institutos, centros de menores, hoteles, fábricas o concellos son algunas de las víctimas de un estafador que les entregó, durante años, falsos análisis de legionela en el agua. Se trata de un vilagarciano que acaba de ser condenado, por propia conformidad, a dos años y medio de prisión.
 

Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2018. El hombre era entonces el propietario de una empresa de fumigaciones que actuaba como intermediaria para un laboratorio que analizaba la legionela en el agua de diversos centros de trabajo, hostelería o educación situados en la zona, así como la de las piscinas de diversas entidades públicas y privadas.
Pero, en realidad, a partir de 2015 y durante tres años, se saltó el paso de enviar los análisis al laboratorio en cuestión y, según él mismo reconoció ante la Guardia Civil y, posteriormente, ante el juzgado, falsificó documentos o mandó falsificarlo, para hacer ver que dichos informes existían y que tenían  resultado positivo para sus clientes. 
 

Fue una denuncia del Concello de Meaño, otro de los estafados por este empresario, la que puso sobre la pista a la Guardia Civil, que inició una investigación que acabó con el empresario detenido, en marzo de 2019.

Devolverá el dinero

Las investigaciones fueron dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Cambados y, durante las mismas, se logró determinar un buen número de damnificados por la actuación de este vilagarciano. Y es que fueron 159 informes falsos los que se emitieron durante los tres años en los que duró lo que finalmente ha sido calificado como un delito continuado de falsedad documental en concurrencia con otro continuado de estafa.
 

Hoteles en Caldas, Vilagarcía, Sanxenxo, Cambados, Dodro, Padrón, O Grove, Rianxo, Ribeira, Vilanova; dos institutos vilagarcianos; un centro de menores; una empresa de automóviles en Vigo, una fábrica en Vilaxoán o un restaurante en Cerdedo- Cotabade, además del mencionado Concello de Meaño, pagaron durante años por informes que, en realidad, no venían avalados por ninguna labor de investigación analítica que pudiese determinar que las aguas, muchas de ellas para consumo humano, estuviesen libres de legionela.
 

A todos ellos tendrá que abonar las cantidades cobradas  por los falsos informes, que suman un total de 9.600 euros.
 

Aunque la mayor cantidad, 4.500 euros, es para el laboratorio cuyos informes fueron falsificados por este empresario. Cabe destacar que los centros que fueron estafados renunciaron, en su mayor parte, a la indemnización y que lo que finalmente se les abonará será la cifra que pagaron por los análisis que nunca se llegaron a realizar. De hecho, fue este centro de análisis el que figura, junto al fiscal, como denunciante de los hechos, que llegaron en mayo a la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El Ministerio Público solicitó una condena de dos años de prisión, que es la que impone el tribunal teniendo en cuenta la confesión y reparación del daño.