La economía sumergida y consecuentemente el fraude fiscal es una realidad de calado en nuestro país, puesto que se calcula en torno a un 20%  del total de las transacciones. De esta manera, casi una cuarta parte de nuestra economía está oculta porque no se hacen facturas de determinadas compras, trabajos o servicios, se paga en negro a empleados o gran parte de las grandes fortunas ocultan sus ganancias mediante ingeniería fiscal. Esta última es una práctica muy habitual de la élite económica en nuestro país, puesto que cerca del 72% de la evasión fiscal en España pertenece a este origen, un dato que se demuestra con la aparición reciente en distintos medios de las cuantías eludidas asociadas a ciertos nombres propios. 

En nuestro sistema económico, hay dos formas de incrementar la recaudación tributaria: subiendo impuestos y la otra hacer crecer el número de contribuyentes. La Agencia Tributaria, desde hace años, siendo consciente de las altas cuantías que se escapaban sin pasar por la caja  fiscal, comenzó a perseguir  el fraude y aumentó la presión con el fin de reducir la gran brecha de la economía sumergida. En enero el director de la Agencia Tributaria ofreció los datos de la evolución de las actuaciones antifraude. En el año 2012, se consiguió ingresar a mayores 11.157 millones de euros, en 2015 ya se alcanzó un record histórico, los 15.664 millones , mientras que en 2018 se cuantificó en más de 15.000 millones de euros. Por lo que  la lucha antifraude, se ha convertido en una herramienta fiscal más y me atrevería a decir que en una figura en sí misma. 

Una de las medidas antifraude más controvertidas, tuvo lugar en el 2012, con la limitación de los pagos mediante efectivo a 2.500 euros, en la que una de las partes de la operativa fuese profesional o empresa, con la excepción de los bancos. Desde entonces, en este tipo de operativa, si se supera este importe, debe de hacerse mediante otros medios, identificando de forma clara el origen y el destino, siendo sancionable con un 25% de la cantidad que se haya transaccionado, si el contribuyente no cumple con el límite fijado para el pago en efectivo. Viendo los buenos resultados de la medida, en su día el Gobierno señaló que esta cuantía sería reducida a 1.000 euros. A día de hoy, esta reducción no ha sido ni aprobada y tampoco aplicada, pero si figura en el texto de un anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Recientemente el Banco Central Europeo (BCE) dejó de emitir billetes de 500 euros, usados frecuentemente para el blanqueo y la evasión fiscal, sin embargo continuarán circulando y manteniendo su valor. Únicamente cuando regresen a manos del BCE serán eliminados, por lo que no seremos conscientes de esta medida a corto plazo, sería más inmediato si se retirasen por completo. En la actualidad, el uso de estos billetes en España se cifra entorno a  un 6 por ciento con respecto a la zona euro.

¿Será esta medida  el inicio de una intención de que desaparezca a largo plazo el dinero en efectivo? Es cierto que el dinero físico ocupa sitio y es fácil de perder, por lo que cada vez hay mayor presencia de la tecnología y se presentan métodos de pago digitales más cómodos como el pago con el teléfono móvil. Se puede decir que estamos en una época de transición con respecto a otros países como Suecia, en donde el valor de los pagos en efectivo sólo representa el 1%. A la vista de la futura desaparición de este medio de pago, los defraudadores también cambiaron sus métodos, sin dinero en efectivo por el medio, sirviéndose del anonimato de la era digital. 
Por ello la Agencia Tributaria vigila el uso que se está haciendo de las criptomonedas (como Bitcoin o Ethereum), ya que a estas monedas únicamente se le puede poner nombre y apellidos en el momento que se cambian por euros.

Por otra parte, el escondite virtual perfecto para los evasores fiscales es la red oscura “deepweb” o “darknet”, también conocida como internet oculta, en ella el dinero va de un lado para otro para despistar y hasta que se le pierda la pista, por lo que resulta complicado rastrearlo.
Podemos decir, que los comportamientos del defraudador evolucionan de la mano de los cambios legislativos y la evolución de la tecnología, de igual manera que cambian los métodos empleados  por parte de la administración para detectarla. Sin duda, en un futuro no muy lejano, dejaremos de ver esas imágenes televisivas de las operaciones antifraude donde las Fuerzas de Seguridad abrían cajas fuertes y escondites con multitud de billetes de 500 euros.
*Noelia Puceiro
Directora de INTER Asesorí