El pasado año 2020 se ha cerrado con un amplio consenso por parte de los analistas respecto a que la economía española no registraría en este ejercicio 2021 una recuperación tan potente como la que preveía el Gobierno, que calculó un crecimiento de hasta 9,8% gracias a las ayudas europeas. Pero dado el descontrol de la tercera ola de contagios por el COVID en España y en el resto de Europa, la lenta vacunación y los estragos causados por la borrasca Filomena han aumentado el pesimismo de los expertos que apuntan a un repunte del PIB de apenas un 4% según Bank of America, por lo tanto el actual escenario no solo implica una salida más lenta de la depresión pandémica, si no un gran desfase en las cuentas públicas debido a una menor recaudación fiscal derivada del menor crecimiento, que conllevará a un ajuste fiscal más duro de manera progresiva. Es por ello, que además de la consecuente subida en IRPF, los Presupuestos de este año pegan un duro hachazo fiscal a las empresas, mediante la eliminación de parte de las deducciones, exenciones y bonificaciones del Impuesto de Sociedades, que suman unos 3.500 millones de euros anuales.

Además de lo ya recogido en los Presupuestos de este año, el Gobierno tiene en el foco  las deducciones por gastos en I+D,  las donaciones, los tipos reducidos para SICAVS y SOCIMIS. Cabe recordar que desde el pasado 1 de enero se han introducido un gravamen del 5% a los dividendos del extranjero e interiores y a la venta de participaciones, lo que supondrá dobles y múltiples imposiciones y que Hacienda ha cuantificado en 1.520 millones.

A todo lo explicado anteriormente hay que sumar la pretendida armonización de los impuestos autonómicos que estudia el Gobierno, que hace mella en gran parte de las empresas familiares que en Galicia representan el 92,4% del total y que realmente componen el grueso del tejido empresarial español, puesto que ponen en peligro el segundo y tercer relevo generacional, ya que se pretende incluir en las negociaciones de la reforma del sistema de financiación autonómico que todas las autonomías suban de un 5% al 15% la participación individual mínima para conservar la exención del Impuesto de Patrimonio, así como duplicar del 20% al 40% el grupo familiar, además de conciliar en todas las comunidades el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que en nuestra comunidad es de los más bajos y ventajosos hasta el momento.

De salir aprobadas estas propuestas, significará que muchas empresas familiares se verán en la obligación de disolver, vender o traspasar la compañía por no ser posible llevar a cabo el relevo generacional, bien por no poder hacer frente al pago de impuestos o porque no poseen la mínima participación exigida por la normativa.

Es de sobra conocido que el peso de las empresas familiares en nuestro tejido empresarial es muy importante, según datos del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), el 88,8% de las compañías españolas pertenecen a esta categoría, que genera el 66,7% del empleo en España, mientras que su contribución al Producto Interior Bruto es del 57,1%.

Es importante remarcar que la mayoría de estas PYMES han tenido que recurrir a mecanismos de ayuda como los ERTE o los préstamos ICO para salvar sus cuentas y poder vencer una precaria situación económica, en la que los ha dejado el Covid-19, por lo tanto no están en su mejor momento para afrontar con fortaleza un golpe fiscal como el ya realizado y el que se pretende, pero  sobre todo su gran reto en estos momentos es manejar la incertidumbre constante de la economía y la normativa.

*Noelia Puceiro es la

directora de INTER Asesoría