La Audiencia de Pontevedra ha condenado al ribadumiense Juan Manuel L.M. a 11 años de prisión por un delito continuado de violación a su expareja y al pago de una indemnización de 25.000 euros por daño moral. Además le ha impuesto una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con ella por un periodo de 15 años. Ante la situación de acoso a la que fue sometida, la “angustia” y el “sentimiento de intranquilidad”, la víctima se mudó a otra comunidad autónoma.

La mujer lo denunció ante la Guardia Civil en septiembre de 2015 tras una agresión sexual en una furgoneta y a la que le precedieron al menos otras siete violaciones. Así lo recoge la sentencia donde se narra que un mes antes, aproximadamente, la relación se había roto, pero el hombre comenzó a hostigarla aprovechando que tenía las llaves del domicilio familiar donde ella vivía con el hijo menor de ambos.

La víctima aseguró que las relaciones no fueron consentidas y el hombre lo negó, afirmando que ella “nunca se opuso”. Sin embargo, para la Audiencia de Pontevedra las pruebas dicen otra cosa y también el testimonio de la denunciante, que califica de “coherente y sin fisuras”, además de “convincente” y de indicar que ella presentaba “afectación anímica al rememorar lo acontecido y sin excesos”.

En los hechos probados se señala que la mujer le reiteró en varias ocasiones que no quería más trato con él, que la relación se acabó, pero ante sus continuas amenazas, el hecho de agarrarla por el cuello y levantar el puño e incluso la rotura de objetos que había en la casa o del cristal de la furgoneta donde perpetró la última violación denunciada conformaron un “clima de amedrentamiento” y “temor” por el cual su expareja terminaba por “acceder a las pretensiones del encausado”.

Temor a que lo denunciara
El ya condenado se presentaba en la casa sin avisar o sin permiso “casi a diario”, la interrogaba a cerca de con quién estaba o a dónde había ido, llegando a decirle “que si la veía con otro los iba matar”.

En ocasiones llegó a levantarle el puño, pero le decía que no le iba a pegar porque “si le denunciaba era su palabra contra la de él”. Precisamente el miedo del ahora condenado a esta reacción ha sido determinante.

La Audiencia señala que el relato del varón “no guarda relación con el contenido” de los mensajes que le enviaba insistentemente para controlarla y en los que la amenazaba. Especialmente importante es el enviado aquel 29 de septiembre que la víctima acudió por fin a la Guardia Civil porque le preguntaba “insistentemente” por wasap “si le va a denunciar, llegando incluso a pedir a perdón y a decirle que no la va a tomar más y que no quiere ir a prisión”. Mensajes para los que el encausado “no proporcionó explicación” y que “indican bien a las claras” que “la relación sexual del día 29 no fue consentida”.
Pero además, la sentencia destaca otras pruebas periciales como que los restos biológicos recogidos se corresponden con el ADN del hombre y los informes de las pruebas forenses practicadas a la mujer.

Así las cosas, los magistrados condenan al hombre por un delito continuado de violación que absorbe al continuado de amenazas de género, y además de susodichas penas, contempla libertad vigilada durante cinco años. También fija en 25.000 euros la indemnización, “ajustada a las circunstancias concurrentes”. La acusación pedía 120.000 euros.