La edad de la jubilación establecida en España de manera general para todos los trabajadores en los 65 años no concita, ni mucho menos, la aprobación de la ciudadanía, especialmente en los casos de las personas que no tienen los años de cotización a la Seguridad Social que se necesitan para percibir la pensión mínima establecida. Pero el motivo de este comentario no es únicamente el de la percepción, si no el de la obligatoriedad al llegar a la antedicha edad por cuanto son muchísimas las personas que en dicho tiempo se encuentran con ganas y facultades para seguir trabajando. 
De un modo especial me refiero a las personas que desempeñan profesiones de carácter intelectual como médicos, investigadores, científicos, catedráticos, jueces y magistrados, profesores (por supuesto hombres y mujeres), y similares, que por encontrarse en plenitud de facultades físicas e intelectuales, pueden seguir prestando sus servicios a la sociedad y con ello mantener una actividad laboral de la que beneficiarse y con la que beneficiar a la población. 
En el caso de los médicos se acaba de tomar un acuerdo por parte del gobierno autónomo de Aragón por el que se prorroga la edad de jubilación de médicos de anatomía patológica, anestesiología y reanimación, cardiología, cirugía ortopédica y traumatología,  obstetricia y ginecología y radiodiagnóstico, por cuanto si se jubilan todos los facultativos de estas especialidades que este año cumplirán 65 años, la Sanidad aragonesa se quedará de golpe sin 50 funcionarios y sin posibilidad de cubrir esas vacantes de forma inmediata. Es de suponer que la misma situación se da en las demás autonomías españolas lo que supondrá un serio problema. También es de suponer que el caso de la medicina se dará también en la docencia, en la investigación o en la judicatura por cuanto son profesiones en las que la edad de 65 años se puede considerar prematura para retirar de la vida activa a un colectivo de mujeres y hombres que aún pueden dar mucho de sí. 
Ni que decir tiene que tal ampliación de la vida laboral sería siempre contando con la conformidad del profesional afectado y, si se estima oportuno, previo el dictamen de un tribunal que valore el estado físico y mental de la persona en cuestión. Algo similar se podría pensar respecto del pago de las pensiones, que con el sistema actual corren peligro de que algún día el Estado no pueda hacer frente a las mismas, debiendo ir estudiándose la posibilidad de que cada trabajador se fije la suya. Pero esta es otra historia.