l más sustancioso acuerdo con que se saldó la Comisión bilateral entre el Gobierno central y el autonómico de Cataluña celebrada el lunes pasado, no figuraba oficialmente en la agenda del día. Se refería al desbloqueo de una macroinversión -1.700 millones de euros- para la ampliación del aeropuerto de Barcelona y todo lo que con ello vendrá.

Fue anunciado de forma inesperada por la ministro de Política territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, como fruto de dos horas de reunión “francas y honestas” (se nota que se le van pegando las palabras huecas de su jefe de filas, Pedro Sánchez). La verdad era que, bajo cuerda, el tema ya había sido abordado y perfilado con anterioridad por ambas partes, lo que viene a ser síntoma de las muchas ocultaciones con sabor a engaño que se van a ir produciendo en esta cuestión de las nuevas relaciones, cesiones y trato diferenciado con aquella comunidad autónoma.

Habrá que tener en cuenta que el Gobierno central seguirá vendiendo normalidad política y constitucional y que los interlocutores por parte de la Generalidad seguirán poniendo cara de insatisfechos y reivindicando el derecho de autodeterminación que, como bien se sabe, no les asiste.

Todo ello entra, sin embargo, dentro de lo habitual en este tipo de circunstancias. En eso hay que reconocer que el régimen peneuvista de Vitoria es más espabilado: siempre cobra y siempre lo hace por adelantado, tal como ha sucedido con la presencia de Urkullu en la reciente Conferencia de Salamanca.

Nada menos que tres instancias tienen sobre sus respectivas mesas papeles catalanes. Una, la directa y particular con el Ministerio de turno. Otra: la que a una y otra parte gusta magnificar como “bilateral” entre la Administración central y la Generalidad, aunque se trate de un mecanismo reglado y similar al de cualquier otra región. Y la tercera, la “mesa de diálogo entre Gobiernos”, aparcada en principio hasta el 13 de septiembre, dos fechas después de la Diada, pero de la que ya en secreto se estarán precosiendo acuerdos, a ir debidamente dosificando.

Cuentan desde Moncloa que es voluntad de Sánchez que la multiplicidad de diálogos y negociaciones abiertas no se encadenen de forma que unas dependan de otras. Si se rompieran, todo se pararía o no habría avances sustanciales en la mesa política o de autogobierno, que es la llamada a ser más delicada.

Como la veteranía es un grado, es de suponer también que una y otra parte se andará con tiento para esquivar intervenciones judiciales. Por ello, habrá de corresponder al resto de comunidades ejercer la debida e insistente presión a fin de impedir el trato preferencial, institucional y económico, para con Cataluña. Al final y aunque dentro de dos años, las urnas tendrán la última palabra. Porque como no sea por esta vía, el maniobrero y falaz Pedro Sánchez tendrá cuerda para rato.