La sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña, condenó a un total de seis años y medio de cárcel a una enfermera que trabajaba en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) entre los años 2016 y 2018 en el centro de salud de Rianxo y desde 2018 en el Hospital de Barbanza en Ribeira, por dos delitos de descubrimiento de secretos al acceder, sin su consentimiento y en tres ocasiones, a la historia clínica de la madre de un compañero de colegio de su hijo y, diez veces, a la del menor. Además, el tribunal le ha impuesto el pago de una indemnización de 2.000 euros a cada una de las víctimas. La Sala no ha considerado probado que la acusada hubiera puesto en conocimiento de terceros datos o hechos conocidos a través de los referidos accesos. La sentencia no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
 

El tribunal destaca en la sentencia que “no ofrece duda” que la querellante y la acusada “rompieron la relación en junio de 2018”, tras un problema surgido en la excursión de fin de curso de sus hijos. Por ello, concluye que es “imposible que existiera algún tipo de petición de aquella o de su marido a esta para que entrase a través del programa IANUS en los datos médicos de aquellos o de su hijo”. Los magistrados inciden en que “ese fin de la relación es incompatible con la indemostrada hipótesis de un consentimiento general o tácito para tales accesos que se quiso esbozar por la defensa”. 

Sobre la difusión de datos de salud a terceros, la Sección sexta de la Audiencia Provincial, con sede en Santiago de Compostela, sostiene que "no puede aceptar que comentarios de puerta de colegio" percibidos por la querellante al conocer que otros padres, a los que ella no habría dicho nada, supiesen datos de salud suyos o de su hijo, permitan concluir que "el origen de este conocimiento por terceros estuviese en la acusada".  

La enfermera de Rianxo acusada de acceder al historial médico de un matrimonio y de su hijo hasta en 21 ocasiones entre 2016 y 2022 aseguró durante la celebración del juicio que lo hizo "por petición" de los afectados. También relató entonces que era amiga de la denunciante desde que sus hijos comenzaron juntos el colegio, y añadió que durante una época la denunciante cuidaba de su hijo, al que detectaron diabetes en 2017. 

Los problemas comenzaron cuando la excursión de fin de curso se suspendió porque "no había nadie que pudiera hacerse cargo del niño" y administrarle la medicación necesaria, por lo que el jefe territorial "suspendió la excursión", ya que, "si no, se metían en un motivo de discriminación". Y dijo que por esa razón fue ella a la que se responsabilizó de la suspensión de dicha excursión y que ello derivó en un enfado entre ambas. Pero dijo que pasado un tiempo retomaron la relación y que al diagnosticarle la enfermedad al hijo de los demandantes, estos le pidieron que accediera al historial del chiquillo de manera reiterada para mirar analíticas, citas y otras, así como para explicarles cuestiones sobre las que ella pudiese tener más conocimiento al ser profesional sanitaria.

El matrimonio querellante negó que desde que rompieron su relación con la enfermera le hubieran dado consentimiento para acceser a sus historiales médicos y de sus hijo, y que no volvieron a tener relación alguna con ella y que nunca más volvieron a hablar. También declararon una decena de testigos que confirmaron que no existe ningún tipo de relación entre la acusada y denunciantes tras lo sucedido en relación con la excursión. Sin embargo, tres de ellos -el marido de la enfermera y una pareja de amigos- aseguraron que los denunciantes estuvieron en su casa en varias ocasiones después del desencuentro por la excursión y fecharon algún encuentro hasta 2022.