La Mesa pola Normalización Lingüística hizo público ayer que la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Santiago de Compostela respecto a los hechos acontecidos en 2021 cuando un rianxiero exigió ser atendido en gallego en un cribado de la Covid-19, le acaba de dar la razón y anuló la sanción de 600 euros impuesta en su momento por la Subdelegación del Gobierno , y que fue recurrida posteriormente por la dicha entidad en defensa del gallego. La Mesa señala que el juzgado considera que no está probado que ese vecino alterase el funcionamiento del centro de salud y deja sin efecto la sanción de 600 euros impuesta en aplicación de la conocida como Ley Mordaza. Pero, añade que lo sanciona por unos “feitos distintos”, imponiéndole 160 euros de multa por “falta de respeito aos axentes da Policía Local de Rianxo”, precisando que esos hechos “non encaixan na tipicidade pola que a Subdelegación incoou o procedemento sancionador, conculcando así principios básicos do ‘ius puniendi’ que inspiran o dereito administrativo sancionador, como son os principios de tipicidade e de congruencia do pronunciamento”.

Igualmente, una vez más, denuncia los “defectos e contradicións presentes ao longo de todo o procedemento sancionador deste cidadán”. Su presidente, Marcos Maceira, insiste no “efecto amedrentador” que puede suponer para cualquier persona que manifieste intención de ejercer sus derechos lingüísticos “a loita deste cidadán contra a Administración sanitaria, a Policía local, a Delegación do Goberno e, agora, a Administración de Xustiza”. “Perante esta tentativa da Policía de Rianxo e da Delegación do Goberno español de amedrentar a cidadanía que, amparada pola lexislación, solicite ser atendida en galego, Maceira recorda que a Mesa non dubidará en acudir ás instancias que foren precisas para garantir o dereito ao uso do galego”. 

En este sentido, dicha entidad solicitó una aclaración de la resolución al juzgado y anuncia que, una vez se resuelva esa petición, solicitará el amparo do Tribunal Constitucional para reparar los derechos del ciudadano. Además, la Mesa recuerda que cualquier ciudadano que vea vulnerados sus derechos lingüísticos puede solicitar ayuda a través de la "Liña do Galego" e insiste en que se pusieron en contacto con la Delegación del Gobierno en Galicia, para pedir una reunión con el responsáble y para exigir formación en materia de derechos lingüísticos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el objeivo de que esta situación no se vuelva a repetir.