Alcaldes y responsables del PSdeG-PSOE en O Salnés comparecieron ayer con el secretario provincial, David Regades, para exigir a la Xunta la retirada del canon creado el año pasado por la gestión de las EDAR y al que llaman “imposto á choiva”, pues penaliza a los concellos por entradas extraordinarias de agua procedentes, mayormente, de las precipitaciones debido a las importantes carencias existentes aún en muchas localidades respecto a redes separativas en el saneamiento. De momento, Cambados y A Illa se niegan a pagar, pero tarde o temprano tendrán que hacerlo porque se les reclama por la vía forzosa y, al final, es “un castigo aos veciños”, pues ya anuncian la creación de una nueva tasa municipal.

Y es que los socialistas denuncian que los ayuntamientos arousanos pasarán de pagar 1.070.919 euros por el anterior coeficiente de vertido (incluido en el recibo municipal) a 2.189.290 euros con el nuevo canon de gestión de depuradoras, que se liquida directamente a los concellos. Esto supone duplicar y en algún caso triplicar lo que ya pagan. El cálculo se ha realizado en base a los dos recibos liquidados ya y correspondientes al último cuatrimestre de 2022 y el primero de 2023, de tal manera que A Illa pasará de 59.097 euros al año a 116.874 euros y, de hecho, “mete medo cada vez que chove” reconoció su alcalde, Luis Arosa. En la EDAR de Dena (Meaño y Sanxenxo) será de 286.804 a 624.280 euros; Tragove (Cambados y Vilanova), de 644.859 a 1,17 millones, y Ribadumia, de 80.159 a 320.408 euros. “Un aumento do 300 % e o seu alcalde está moi caladiño”, lamentó Regades sobre el popular David Castro.

Competencias para la solución

Directa o indirectamente, esto llega a los vecinos. Los socialistas señalan que “compromete a viabilidade de moitas familias” y en el municipio isleño ya calculan que el recibo pasará de entre 40 y 50 euros a unos 70 por trimestre. Y es que recordaron que la ley obliga a repercutir el coste de servicios básicos al ciudadano y destacan que, aún asumiéndolo con fondos locales, también les afectará, pues “debilita as contas dos concellos”. El dinero debe ser salir de otros servicios o inversiones y ya están sometidos, añadieron, a una presión “brutal” por la asunción de otros gastos “impropios”, como el del SAF.

Pero además se quejan de que incluso les “resta capacidade” para ejecutar obras de separativa que pudieran rebajar la entrada de agua de la lluvia, como expuso el alcalde cambadés, Samuel Lago. Aunque, en todo caso, defienden que es la Xunta quien debe actuar. “É quen ten as competencias e os fondos, propios e europeos, para executar as infraestruturas necesarias. O PP é coñecido por poñer impostos, agora un á choiva, e en Galicia chove ben”, enfatizó el secretario de los socialistas pontevedreses, quien promete abolir el canon si gobiernan.

“Castiga aos veciños porque chove moito”

Cambados y otros concellos han recurrido por vía administrativa estas liquidaciones y Lago avanzó que están “dispostos a chegar ao xulgado porque é tremendamente inxusto e arbitrario”. El regidor considera que la nueva Lei do ciclo da auga, en vigor desde el año pasado y que incluye este nuevo canon, “naceu mal e está mal executada”. 

En primer lugar, acusó a Aguas de Galicia de establecer “arbitrariamente” el volumen ordinario de depuración que sirve de base para calcular la penalización y luego porque ya existe un concepto por depuración en el recibo del vecino. “Porque non o aumentan? Porque deste modo estannos obrigando a crear unha nova tasa municipal e queren que sexamos os concellos os que subamos os impostos aos cidadáns, os que exerzamos de malos. É castigalos porque chove moito”. De hecho, en su caso, el último recibo llegado, coincidente con la época sin lluvias, ha sido de cero euros. 

Por su parte, su homólogo de A Illa acusó al gobierno autonómico de desatenderlos, pues “todos os anos aparecen 100.000 euros para saneamiento no seu Orzamento sen especificar para quen e nin se executan”. De hecho, Regades destacó que este ayuntamiento tuvo que “acudir ao goberno de España” para solucionar sus problemas con la depuradora, a través del organismo estatal Acuaes. 

También comparecieron los socialistas Charo Muñiz (Meaño), Ladislao Viñas (Sanxenxo) y Javier Mougán (Ribadumia), quien lamentó que en el Pleno del jueves se retirara una moción suya sobre el tema “a pesar de estar presentada en tempo e forma”.