El Pleno de Valga aprobó este martes, con los votos favorables del PP y la abstención del PSOE y BNG, una moción de urgencia presentada por el grupo de gobierno en referencia al proceso de expropiación iniciado por el Ayuntamiento de Pontecesures en relación a la parcela “propiedade dos valgueses” en la zona portuaria cesureña. El texto, manifiesta “a disconformidade do Concello de Valga ante as formas coas que o Concello de Pontecesures está a levar o procedemento de expropiación” y, además, faculta al alcalde, José María Bello Maneiro para que, previos los informes técnicos y jurídicos que procedan, “defenda os intereses do Concello de Valga no citado procedemento”.

En este sentido, el regidor valgués sostuvo en la sesión plenaria que el Concello de Pontecesures —al contrario de lo que expuso la alcaldesa cesureña, Maite Tocino— “non plantexou ningunha negociación en relación a este terreo, senón que tan só se celebrou unha xuntanza na que informou do inicio do proceso de expropiación”. Asimismo, señaló que existieron otro tipo de conversaciones sobre este terreno con anteriores alcaldes de Pontecesures y que la postura del regidor “sempre foi a mesma: esta é unha cuestión histórica”.

Gastos judiciales 

Por otra parte, la sesión incluyó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género y aprobó, por un importe de unos 18.000 euros, el cobro en concepto de gastos de defensa del alcalde, José María Bello Maneiro, y del secretario e interventor del Concello en un proceso judicial. La propuesta, no exenta de polémica, fue aprobada con los votos favorables de los populares y la oposición de socialistas y nacionalistas.

Así, los grupos de la oposición volvieron a señalar una posible duplicidad de gastos, ya que las facturas presentadas por alcalde y secretario en concepto de minuta de honorarios de abogados son del mismo despacho que el adjudicatario actual del servicio de asesoría y defensa jurídica contratado por el Concello, Martín Gómez Abogados, S.L.U.

En este sentido, un informe del servicio jurídico de la Diputación señala, entre otras cuestiones, que, como la denuncia interpuesta es de una fecha anterior a la adjudicación del servicio de defensa jurídica del Concello, no procedería la defensa. Sin embargo, el grupo del BNG señaló que, pese a que la cronología es correcta, el contrato con la adjudicataria de este servicio incluye en el artículo seis de las condiciones técnias que “a persoa ou empresa contratista, dende a sinatura do contrato e como obxecto integrante do mesmo, asumirá todos os asuntos que se atopen en tramitación ante os Xulgados e Tribunais, tanto naqueles que é parte demandada como actora, para o cal se lle outorgará a venia pola Letrado/a que está intervindo nos mesmos”.

Así, los nacionalistas defendieron en el Pleno que los gastos que reclamaban el alcalde y secretario tendrían que ser incluidos en el servicio de defensa jurídica del Concello de Valga para así evitar en una duplicidad de pagos y que en el caso del interventor, que optó por contratar otro servicio de abogados diferente, tendría que afrontar el gasto personalmente, ya que teniendo el propio Concello contratado un servicio defensa que lo podría defender, optó libremente por otra opción.