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viernes | 22 noviembre | 2024
La Fundación Galega contra o Narcotráfico advierte de que una nueva reforma legislativa pone en peligro el servicio de gestión de bienes decomisados que, desde hace diez años, gestiona junto al Colegio de Procuradores de A Coruña. En un comunicado conjunto, ambas entidades explican que el proyecto de Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia "pondría en riesgo uno de los pilares de la eficacia en la lucha contra el narcotráfico en Galicia, al desbaratar una de sus disposiciones la prestación" de este servicio.
El proyecto legislativo, tramitado en el Congreso y que ahora pasará al Senado, modifica el artículo 636 y deja sin contenido el 641 de la Ley de Enjuiciamento Civil, que facultaba a los colegios de procuradores a realizar subastas como entidades especializadas.
En la práctica, esta modificación impediría al Colegio y a la Fundación gestionar y subastar los bienes incautados al narcotráfico, "imposibilitando la prestación de un servicio especialmente valorado por las unidades policiales y judiciales en Galicia, con el que contribuyen y colaboran eficazmente en la lucha contra el crimen organizado", señalan en el comunicado.
Ambas entidades iniciden en que, tal y como está redactada en caso de ser definitivamente aprobada, supondría "un grave retroceso en la lucha contra el narcotráfico, puesto que dificulta - cuando no impide- y ralentiza la venta de los bienes muebles intervenidos al quedar solo como canal de venta la subasta judicial a través del Boletín Oficial del Estado".
El decano del Colegio de Procuradores de A Coruña, Javier Carlos Sánchez García, y el presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Manuel Couceiro Cachaldora, remitieron al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y a todos los grupos parlamentarios, una carta expresando su preocupación por la modificación legal prevista y solicitando que se deje sin efecto esa disposición en la redacción definitiva de la ley.
La Xunta de Galicia colabora con Colegio y Fundación desde hace diez años, poniendo esta herramienta a disposición de los juzgados y prestando "con éxito", señalan ambas entidade,s un servicio "que cuenta con el apoyo de todos los actores de la lucha antidroga" en Galicia. EL 9 de octubre, en una jornada de trabajo, la administración gallega anunció la elaboración de un protocolo para la gestión de los bienes intervenidos.
El servicio se realiza siempre bajo mandato judicial y, defienden en el comunicado, permitió una mayor eficacia en la gestión de los bienes intervenidos, evitando su devaluación por el paso de los años e incluyendo, en diversos casos, el uso social.
"El servicio aporta también ejemplaridad frente al narcotráfico, evitando que los traficantes sigan disfrutando de los bienes intervenidos mientras esperan una sentencia judicial firme que, por su complejidad, se dilatan notablemente en el tiempo", señalan desde la Fundación y el Colegio herculino.
