Una sesión tranquila, sin apenas enfrentamientos dialécticos y que sirvió para sacar adelante dos de los temas de importante calado en la capital arousana. El Pleno de la Corporación de Vilagarcía debatió los requisitos que Costas del Estado pide al Concello para que este puede hacer uso –durante un plazo máximo de 30 años– de la parcela de O Ramal que la administración local mejorará con cargo a fondos europeos. El punto sirvió para que los partidos de la oposición expresasen públicamente sus reservas respecto a alguna de las características del proyecto. Las tres formaciones ajenas al gobierno coincidieron, por ejemplo, en cuestionarse la necesidad de una cafetería construida con fondos públicos en ese espacio para una gestión futura, seguramente, privada. “Para que queremos un servizo así cando temos outros exemplos nesta cidade que mostran que non funcionou?”, se preguntó el portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo. De hecho en la sesión se hizo referencia nombradamente a la cafetería en el parque Miguel Hernández, en la que en su día hubo en el Hórreo de A Xunqueira y también a la experiencia hostelera en el Balneario. No obstante, y pese a las reservas, planteadas, la propuesta salió adelante. 

El portavoz del PP, Juan Andrés Bayón, ironizó con el hecho de que “imos facer unha cafetería pública e non temos nin unha sola vivenda pública” y criticó al gobierno local por dilatar los plazos burocráticos desde que se anunció este proyecto hasta que, ahora, esta propuesta concreta llega al Pleno. El conservador –al igual que hizo primero el izquierdista Juan Fajardo–puso el acento sobre las piscinas planteadas en su día por el gobierno municipal para el entorno de la playa y del muelle de O Ramal. “Gastáronse case 15.000 euros nun concurso de ideas e non sabemos que vai pasar”, recalcó Bayón. En este punto Fajardo recriminó que “se gastase esa cantidade nada desdeñable e que non haxa ninguén do goberno dando conta diso ou asumindo a responsabilidade política”.

El alcalde, Alberto Varela, defendió la idea de las piscinas (que no van en este proyecto) poniendo como ejemplo otras ciudades como Matosinhos (en Portugal) o la zona de Samil, en Vigo. Algo a lo que Fajardo también contestó señalando que “en Matosinhos é practicamente imposible bañarse no mar e en Vigo o alcalde está pensando sacalas. Aquí, coma sempre ao revés”.

El portavoz del BNG, Xabier Rodríguez, lamentó que el acuerdo de cesión de los terrenos con Costas sea solo por un máximo de 30 años. “Deberíase ter conseguido que as negociacións culminasen na desafectación da parcela, para que pasado ese tempo non esteamos a expensas do que poida dicir Costas ao respecto ou que incluso reclame que a parcela volva á súa situación orixinal, que é a de agora”, declaró el nacionalista.
Lo que está claro es que, con el proyecto ya en fase de licitación, el gobierno local no descarta –tal y como manifestó el alcalde socialista– hacer realidad esa propuesta de piscinas de agua salada.

El SAF, adjudicado

Los votos de PSOE, BNG y PP –con la excepción de EU– también sacaron adelante la adjudicación del contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que la propia portavoz del gobierno, Tania García, definió como “dos máis importantes que ten o Concello de Vilagarcía”. Fue ella la que señaló que la previsión es que la empresa Serveo asuma la gestión del servicio ya en las próximas semanas.

Como era previsible en el debate salieron a colación las demandas de las trabajadoras del servicio que, ya en su día, acudieron al Pleno a hacerse oír y que fueron expulsadas. En este sentido Tania García –y como conclusión al debate también Alberto Varela– reclamaron un convenio justo y que fuese la Xunta de Galicia la que asumiese la gestión del SAF “porque entra dentro das súas competencias”. Mientras que el ejecutivo socialista presumió de tener el precio por hora más caro de Galicia, en las filas del PP la concejala Elena Suárez rebatió esos datos comparándolos con los de Lalín. Por su parte la edila del BNG, Rosa Abuín, insistió en que “nós estamos en contra de que se externalice o servizo, pero mentres a Xunta non asuma a súa competencia o que fixemos foi intentar conseguir as mellores condicións posible para as traballadoras”.    Desde Esquerda Unida, Juan Fajardo, indicó que “un incremento do prezo só é bo para a empresa, pero non hai garantía que se traslade iso ao salario das traballadoras”. De ahí su voto no favorable.