Hace más de una década que los concellos costeros de Arousa iniciaron  una ofensiva para lograr el traspaso de terrenos portuarios que perdieron este uso y ya forman parte del entramado urbano. La Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) incluso establecieron un acuerdo marco, pero es ahora cuando se están dando pasos en firme. Según el Gobierno gallego, el reciente aval de los tribunales a su Lei do Litoral establece un nuevo marco que permite “reimpulsar” este proceso y lo cierto es que ha pisado el acelerador, manteniendo reuniones de negociación con los concellos. No obstante, será un trámite largo y la aprobación final corresponde al Estado.

Los ayuntamientos han presentado propuestas de máximos que suponen decenas de miles de metros cuadrados, pero el ente público no está aceptando todo y, en todo caso, sigue los criterios “estritamente técnicos” y pactados con la Fegamp el año pasado, cuando acordaron agilizar esta demanda histórica. Principalmente se trata de superficies que tienen un uso vecinal, carácter público y no están restringidas a la actividad portuaria.

Los más avanzados

El propósito municipal general es librarse del pago de abultadas tasas por su ocupación con fiestas, actuaciones, instalación de adornos navideños, etc.  Y tener libertad total sin precisar de permiso autonómico. Entre los más avanzados está Vilanova, que cerró un acuerdo de reversión de 19.864 metros cuadrados que incluye el Parque do Cabo, la plazoleta de en frente de la estación marítima y zonas ajardinadas como la que está frente al IES A Basella, la de la calle Porto do Cabo, lo que era el parque de las palmeras, –ya taladas–, y la Praza do Castro –frente a la Cofradía–.  

También A Pobra, con 26.400 metros cuadrados correspondientes a los jardines Valle-Inclán, la Praza Alcalde Segundo Durán y el parque de O Castelo, así como una pequeña zona de aparcamiento, que es la reservada para los autobuses, junto la rampa del varadero y frente a la escuela infantil Fernández Varela.

Cambados se reunió precisamente ayer con el presidente del ente público, José Antonio Álvarez, unos días después de lograr un acuerdo histórico con Costas. Ha tenido que rebajar sus pretensiones iniciales, pero aún así “foi satisfactoria e agora desexamos que o trámite sexa áxil e se resolva pronto”, expuso el alcalde, Samuel Lago, que acudió con el teniente de alcalde Tino Cordal.

Ambicionaba unos 36.000 metros cuadrados y quedarán en 20.000, más o menos. Lo más destacado es la propiedad del salón de Peña, cuyo uso estaba muy restringido actualmente, pero también es significativo el Paseo da Calzada –no pagará más por la Festa do Albariño–; el entorno de la rotonda de Tragove, en O Pombal; el vial de la Avenida de Galicia; el terreno de la Praza de Abastos y el parking de detrás  la Alameda de San Tomé. 

Según el regidor, no será posible revertir las explanadas del barrio marinero y la que está frente al Gadis porque “debe haber aparcamentos vinculadas ao porto” y tampoco las parcelas del centro de salud y la estación de autobús, así como dos edificios privados (Reboredo y el taller) y la escalinata de San Tomé, al estar bajo una concesión administrativa aún vigente, esta última de usos náuticos y que ostenta el Club de Piragüismo.

La hostelería también paga

La capital del albariño estimó en su día el pago anual de unos 100.000 euros en tasas por el uso privativo y la ocupación de dominio público y unos 80.000 euros en mantenimientos impropios. Una queja generalizada y que el alcalde de O Grove, Jose Cacabelos, reiteró ayer recordando además que la hostelería también debe pagar por la instalación de terrazas.

Así las cosas, calcula que la Xunta “recada entre o ámbito privado e o público entre 150.000 e 200.000 euros ao ano e isto pouco ou nada repercute porque ten bastante abandonado ao Grove. En cambio, nós mantemos as zonas verdes, asfaltamos, cambiamos luminarias e pagamos a maior parte do consumo enerxético”, añadió, señalando las protestas de estos días por el estado de Meloxo y que apoya. 

El caso meco es de los más relevantes porque se corresponden con los grandes espacios públicos que hay en el centro urbano para poder hacer fiestas y actividades varias. De hecho, fue de los primeros en reclamarlos porque “todos estes terreos que se lle gañaron ao mar cos recheos dos 80 non teñen uso portuario dende hai anos, pero si un uso urbano totalmente consolidado”, añadió el regidor. Se trata de la Praza do Corgo, la Avenida de Beiramar, desde Confín hasta la casa de Don Jacobo (calle Irmáns Ernesto Goday) y toda la superficie y viales donde están la Cofradía y la propia Casa do Concello, aproximadamente. “Só por dez días da Festa do Marisco nos cobran 30.000 euros”, lamentó Cacabelos. 

Vilagarcía también pone el acento en el efecto más allá de las administraciones locales. “Non se deberían cobrar taxas por eventos e actividades culturais cos que as administracións deberiamos colaborar”, expuso su alcalde, Alberto Varela, que también es el presidente de la Fegamp, poniendo como ejemplo los festivales Revenidas o el Ameixa Rock, dos modelos de organización diferentes. 

En la ciudad también mandaron hace tiempo una propuesta de reversión de unos 25.000 metros cuadrados en Vilaxoán: el parque de Dona Concha, un terreno en la confluencia de la calle O Freixo, entre Víctor Pita y O Castelete y la explanada de O Preguntoiro, aunque se emplea como aparcamiento y podría quedar fuera, visto lo sucedido en Cambados. También pretendían la alameda de Carril, pero al estar vinculada a un edificio de usos portuarios, la lonja, no hay posibilidades. 

Vilagarcía y O Grove están en la lista de reuniones previstas por Portos y también Cesures y A Illa, cuyo alcalde, Luis Arosa, explica que aspiran a obtener los viales de O Campo y todo el entorno de la Casa Consistorial: “No último Carmen pagamos uns mil euros por instalar as atraccións, non ten sentido”. Y aunque para O Regueiro tienen una concesión, también lo reclaman.

Este proceso de desafectación atañe a una treintena de concellos gallegos y suma unos 400.000 metros cuadrados. En concepto de tasas y cánones de concesiones y autorizaciones, Portos ingresa al año cerca de tres millones de euros, según la previsión presupuestaria de 2024.

Petición de entrada del Estado

La Consellería do Mar, a la que pertenece, ya ha advertido que será un proceso largo e irá por fases y, en todo caso, “a súa dilación dependerá en boa medida da axilidade da administración central”, señalaban hace unos meses. Cabe recordar que no será una traspaso automático, primero se transfieren al Gobierno central y este debe aprobar la reversión a los concellos pasando por estas fases: Consello Rector de Portos, Consellería de Facenda, Consello da Xunta, Ministerio de Transición Ecológica y Consejo de Ministros. 

Por este motivo han surgido voces como la del Subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, pidiendo que ya se incluya a Costas en las conversaciones. Para los regidores de Vilagarcía y Cambados resultaría positivo porque el proceso “sería máis áxil e sinxelo, certamente sería mellor”, manifestó Alberto Varela.