Malestar, indignación e impotencia es lo que se respira en las clínicas veterinarias de Arousa que se muestran contrarias a buena parte del articulado del Real Decreto 666/2023, una legislación que empezó a aplicarse a mediados de enero y que –a su juicio– atenta contra “nuestro criterio, nuestra experiencia y nuestra profesionalidad”. Así lo expone María García, de la Clínica Veterinaria de Os Duráns en Vilagarcía.
La nueva legislación busca – según su propia definición– promover un uso más controlado de los antibióticos para las mascotas y animales. “Clasifican los antibióticos en tres grupos, A, B y C, y nosotros siempre tenemos que empezar la prescripción por los que estén en el C, aunque sepamos por experiencia que el que concretamente le va bien a esa mascota está en el grupo A”, explica Rosina Diz de la Clínica Veterinaria de Carril. “Después de unos días y si vemos que no funciona ese antibiótico del grupo C tenemos que solicitar prescribir otro de otro grupo. Todo esto ralentiza mucho el tratamiento”, manifiesta la carrilexa.
En este sentido María García indica que “llevamos años de experiencia, en muchas ocasiones sabemos qué es lo que va a funcionar y esto lo que hace es retrasarlo todo. Parece que no confían en nuestro criterio médico”.

La legislación viene acompañada también de procesos burocráticos que las veterinarias definen como “farragosos” y que complican todavía más el trabajo diario. “Ahora estamos obligados a incluir en una plataforma online los antibióticos que prescribimos con todos los datos”, explica Diz. “Es lo de menos, pero también resta tiempo y aumenta la burocracia todavía más”, expone.

En lo que todas coinciden es en que con la nueva legislación se sienten atados a la hora de prescribir medicamentos y que no se les deja actuar con libertad a un criterio que lleva décadas funcionándoles.
La normativa –explica Rosina Diz– también les impide usar un medicamento para una enfermedad o dolencia que no figuren en la ficha técnica del mismo. “Si sabemos que ese antibiótico funciona para determinada enfermedad, porque ya la has tratado antes y lo has visto, ahora no podemos aplicarlo si no figura en el prospecto. Eso es un atraso”, entiende la titular de la clínica carrilexa. Dado que las clínicas tampoco pueden dispensar medicación los propietarios de las mascotas también van a notar en su bolsillo la afectación de la actual legislación. “Si le dabas un tratamiento para tres días ahora irá a la farmacia y tendrán que cogerse la caja entera que, en algunos casos, pues traerá cien dosis y se gastará mucho más dinero”, explican las veterinarias afectadas. Eso unido al coste de la propia consulta en al clínica para recetarles lo que necesiten.

Los veterinarios entienden que el mercado actual –sobre todo el relacionado con la farmacia para animales – no está adaptado a la legislación que ahora se aplica en toda su totalidad. Coinciden los afectados en que la salud de las mascotas no debe ser un lujo, sino que es una “necesidad”.
De forma simbólica –y siguiendo una protesta que se ha extendido por toda España– las clínicas veterinarias arousanas realizaron un parón durante la mañana para visibilizar el nuevo problema, protestar por sus consecuencias y advertir de lo que la ley conlleva.